En la Cámara Federal
Confirmaron el procesamiento de la exprocuradora Gils Carbó
La Cámara Federal determinó que no hubo perjuicio para el Estado en la compra de un edificio para la Procuración, pero que se direccionó la licitación.
POR REDACCIÓN
La exprocuradora Alejandra Gils Carbó fue procesada en 2017 por el juez Julián Ercolini por la compra del edificio donde están las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El juez -luego de una investigación que fue delegada en el fiscal Eduardo Taiano- había procesado a Gils Carbó y a otras personas por defraudación contra la administración pública debido a la compra del edificio de la calle Perón al 600, que fue pagado $43.850.000.
La firma vendedora fue Arfinsa, del Grupo Bemberg, encabezada por Adrián González Fischer. Esa compañía a su vez le pagó $7.000.000 de comisión a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry por el asesoramiento para la operación. Jaureguiberry le pagó por otro asesoramiento en la licitación al productor de seguros Juan Carlos Thill la suma de $3.000.000. Thill resultó ser medio hermano de Guillermo Bellingi, quien desde su cargo de subdirector de Administración de la Procuración condujo el proceso licitatorio que terminó con la venta del edificio.
Para los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, no hubo perjuicio contra el Estado porque el edificio se adquirió en valores lógicos y la millonaria comisión fue pagada por la empresa privada que vendió el inmueble, pero sí hubo direccionamiento de la licitación y manejo de información privilegiada mediante el tándem Bellingi-Thill. Según la investigación de Taiano y el procesamiento de Ercolini, la comisión pagada por Arfinsa fue a parar a bolsillos del hermano que acomodó algunos aspectos de la licitación para que resultase ganadora la empresa del Grupo Bemberg.
Por eso a Gils Carbó, Bellingi, Gonzáez Fischer, Jaureguiberry y Thill la Cámara Federal les confirmó el procesamiento por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. A Gils Carbó y Bellingi los consideró autores del delito-en tanto ex funcionario públicos- y a los restantes como partícipes necesarios.
Para los camaristas quedó demostrado que en la Procuración se dio de baja una licitación que había sido tramitada antes la llegada al cargo de Gils Carbó para luego comprar un edificio acorde a sus gustos.