Escándalo en "La Salada"
Detuvieron a Jorge Castillo, titular de “La Salada”
Si bien, lo detuvieron por asociación ilícita. El fiscal Scalera que investiga la causa se encontró con un panorama más complicado: violencia de género, cobros ilegales y extorsiones eran vividas a diario por los feriantes.
POR REDACCIÓN
El titular de la feria Punta Mogotes, de La Salada, Jorge Castillo, fue detenido en este miércoles en el marco de una acusación por asociación ilícita. Castillo fue detenido junto a otras 30 personas durante un operativo llevado a cabo por la Gendarmería y la Policía Bonaerense. Entre los apresados, también se encontraron uno de sus hermanos, un primo segundo y los hijos de éste. También fueron detenidos dos efectivos de la Policía bonaerense y uno de la Policía Federal y se secuestró una gran cantidad de armas de fuego no registradas de manera oficial.
La detención de Castillo se produjo en su casa en Luján. Según indicaron las primeras versiones, al acudir la policía al lugar, el propio Castillo respondió con balazos disparados con una escopeta. El ataque del titular de La Salada provocó que un efectivo policial fuera alcanzado por esquirlas y quedara herido.
Sebastián Scalera, el fiscal que actúa en la causa, dio detalles sobre el funcionamiento y el accionar de las bandas que manejaban los puestos callejeros en la feria de Lomas de Zamora.
El dato que llamó más la atención entre los investigadores radicó en la metodología de los grupos que comandaban los puestos callejeros contra aquellas mujeres que realizaban robos en la zona.
Según especificó el propio fiscal, aquellas mujeres que eran señaladas como “mecheras” o ladronas, se convertían en víctimas de una suerte de secuestro, violencia de género y torturas. “Algunas mujeres, que dentro de esa feria paralela eran señaladas como mecheras, eran llevadas a un lugar cerrado, como galpones. Allí eran encerradas, se las desnudaba y una vez dentro de ese galpón y rodeadas por sujetos masculinos, alguien les pegaba con un cinturón”, describió el fiscal.
La justicia posee material fílmico de esa tortura y se confirmó que la práctica era realizada por las tres bandas investigadas, una de las cuales funcionaba bajo la tutela del propio Castillo. Además, cuenta con el testimonio de algunas mujeres que fueron víctimas.
La investigación también desnudó otros actos ilegales que llevaban a cabo las cúpulas de las bandas que manejaban los puestos callejeros y el predio cerrado de la feria. Al parecer las bandas cobraban a los vendedores un pago ilegal de 500 pesos por día para poder llevar a cabo la tarea en un puesto de un metro de largo por un metro de ancho. Además, existían otro tipo de extorsiones para los vendedores: las bandas también realizaban un cobro ilegal por la presencia de una seguridad privada propia en la zona.