Publicidad

Tras la polémica

El Gobierno enviará un proyecto para bancarizar los aportes de campaña

La revelación de presuntas irregularidades en la campaña de Cambiemos en 2017 apuró al Ejecutivo nacional a enviar este proyecto a Diputados.

POR REDACCIÓN

19 de julio de 2018

La aparición de denuncias sobre irregularidades en la financiación de la campaña electoral de Cambiemos bonaerense del año pasado aceleró de manera dramática los tiempos y obligó al Gobierno a actuar.

Un día después de que la gobernadora María Eugenia Vidal despidiera a su funcionaria Fernanda Inza, responsable financiera de la campaña electoral, el Gobierno consensuó presentar de manera “inminente” y con la firma del propio presidente Mauricio Macri la nueva ley de financiamiento político, que está lista desde febrero pasado y que contiene, entre otros puntos, la bancarización obligatoria de todos los aportes a los partidos políticos. Según otras fuentes del Gobierno, el proyecto llegaría mañana a la Cámara de Diputados.

Publicidad

Las recientes denuncias de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo e, incluso, dirigentes provinciales de Cambiemos, quienes negaron haber aportado para la campaña de Cambiemos en la provincia a pesar de figurar en los listados oficiales, motivaron reuniones de urgencia entre funcionarios nacionales y bonaerenses.

El proyecto, que formaba parte de la frustrada reforma política y electoral impulsada por la Casa Rosada, prohíbe de manera total las donaciones en efectivo, muy comunes en encuentros políticos de campaña, como las cenas de recaudación de fondos. También habilita aportes empresariales, pero con un tope preciso: el 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido. Si bien algunas ONG discuten la inclusión de fondos provenientes de empresas, en el Gobierno creen que el tope es suficiente para evitar “influencias excesivas”, y además destacan que se prohíben aportes de empresarios del juego, contratistas del Estado y donaciones extranjeras, entre otras.

Se establece, además, la obligatoriedad para que organismos públicos como la UIF, la Procelac, la Oficina Anticorrupción y la AFIP, entre otros, compartan con la Cámara Nacional Electoral la información que poseen, para evitar la inclusión de fondos provenientes de ilícitos en las campañas de los partidos.

Además, contiene un registro de proveedores y servicios que controlará la Cámara Nacional Electoral, como forma de evitar gastos que luego son difíciles de controlar. Como muestra adicional de búsqueda de transparencia, se propone extender el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de los 15 días actuales a 30 días.

    Publicidad
    Más Leídas
    Publicidad

    ÚLTIMAS NOTICIAS