La ley que frena el aumento en las tarifas fue aprobada por 7 votos de diferencia

La oposición convirtió en ley en el Senado con 37 votos a favor y 30 en contra. De esta manera, el proyecto que retrotae el valor de las tarifas a noviembre del año pasado fue aprobado, pero el presidente ya decidió vetarla.

Al igual que se hizo hace tres semanas en la Cámara de Diputados, la norma fue aprobada por la eventual alianza del PJ, conducido por Miguel Pichetto (Río Negro) y el kirchnerismo. Así, la oposición llegó a juntar la cantidad de votos suficientes para ganar en la votación.

El oficialismo intentó impedir la sanción de la ley. Buscó vaciar el recinto al momento de la votación, también intentaron introducirle cambios a la iniciativa lo que obligaría a su regreso en segunda revisión a Diputados.

Además de retrotraer las tarifas a sus valores de noviembre último, el texto impulsado por la oposición limita los futuros aumentos de los servicios públicos a la variación de los salarios, eleva de dos a tres salarios mínimos (casi 30.000 pesos) el universo de hogares alcanzados por la denominada tarifa social y ordena la devolución de los incrementos cobrados por las empresas.

Durante el extenso debate, más de 50 senadores se anotaron pata hablar, casi nadie defendió el proyecto opositor, sino que casi todas las intervenciones de la oposición se centraron en criticar la política tarifaria y, sobre todo, el rumbo económico del Poder Ejecutivo.

“Cómo no va a haber emergencia si hay gente que no puede cumplir con lo básico; esto no va a terminar bien”, aseguró José Mayans (PJ-Formosa) en el inicio del debate, quien cuestionó “la brutal transferencia de fondos al sector privado” que lleva adelante el Gobierno a través de su política de tasas altas por las letras del Banco Central (Lebac).

Desde el oficialismo se cuestionó la irresponsabilidad fiscal del proyecto, cuyo costo el Gobierno estimó en más de $110.000 millones. “Es demagógico”, lo calificó Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires). El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda también dijo que la iniciativa era “inconstitucional, porque interfiere en la facultad de las provincias y al gobierno nacional de fijar el cuadro tarifario” de los servicios públicos.

“El Congreso no tiene competencia para fijar tarifas, vamos a exponer al Estado a innumerables demandas”, advirtió, por su parte, la riojana Inés Brizuela y Doria (UCR).

En línea con la postura esgrimida por Macri, también se escucharon acusaciones políticas que apuntaron a responsabilizar de la ofensiva opositora a supuestas intenciones electorales de Cristina Kirchner y Sergio Massa . “Están seguros del veto, tienen conciencia de los efectos negativos, por eso avanzan”, se quejó amargamente Gladys González (Pro-Buenos Aires).

Fuente: La Nación