Ex funcionario K
Procesaron a Jorge Mayoral dentro de la causa Río Turbio
Para el juez federal Luis Rodríguez, el funcionario sanjuanino es "partícipe necesario del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de una administración pública".
POR REDACCIÓN
El juez federal Luis Rodríguez procesó este viernes al ex secretario de Minería de la Nación, el sanjuanino Jorge Mayoral. Este procesamiento se dio en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras fraudulentas con los fondos que debían destinarse para la remodelación de la mina de Río Turbio.
Junto a Mayoral fue procesado el jefe de la Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, quien ya se encuentra detenido por una causa anterior: la compra de gas natural licuado, en la que fue procesado junto a otras quince personas, y una de las razones por las que está preso el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Roberto Baratta es trasladado por efectivos policiales.
“El convenio celebrado en el año 2008 entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue el instrumento legal fundamental a través del cual se orquestó la maniobra defraudatoria, que excediendo y explotando al máximo ese instrumento implicó un claro perjuicio al patrimonio estatal”, señaló el juez en el procesamiento.
El magistrado ordenó a su vez embargos de hasta 250 millones de pesos para el ex interventor del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, a quienes también procesó.
Al dictar el procesamiento de Baratta y Mayoral, el juez los consideró “partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de una administración pública”.
Asimismo, aludiendo al procesamiento, Rodríguez expresó que “el andamiaje construido permitió, bajo un aparente cumplimiento de los fines públicos que las entidades persiguen y de las funciones asignadas a cada uno de los funcionarios y empleados públicos involucrados, administrar a discreción y sin limitación normativa alguna fondos públicos que el Estado Nacional expresamente decidió asignar a YCRT”.
Fuente: Perfil