Quiénes son los legisladores que perdieron sus fueros desde la vuelta de la democracia

El Congreso aprobó hoy la quita de fueros parlamentarios de un legislador. Aunque inusual, el hecho dista de ser novedoso desde el retorno de la democracia. Antes del ex ministro de Planificación, Julio de Vido, hubo otros dos legisladores nacionales que sufrieron la pérdida de sus inmunidades políticas. Uno llegó hasta enfrentar la cárcel, en pleno ejercicio de su mandato.

Quien hizo punta en la materia en 1996 fue el fallecido ex gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz. El senador, acusado por enriquecimiento ilícito en la causa conocida como “megaproceso del Banco Social”, pidió voluntariamente el desafuero al presidente del Senador, Carlos Ruckauf, para someterse al proceso judicial requerido por el juez Manuel Medina.

En las negociaciones con la bancada peronista, Raúl Alfonsín bajó un mensaje de apoyo cerrado a su amigo. Las tratativas incluyeron la posibilidad de un desafuero “parcial”, que avance con la instrucción judicial, pero se mantenga la prohibición de detención.

Sin embargo, la Cámara alta terminó aprobando en junio de 1996 el desafuero, aunque restringido a un período de 60 días. Unos 37 senadores del PJ votaron a favor, el bloque de 14 radicales se opuso, y hubo una abstención. La frepasista Graciela Fernández Meijide fue la única en pedir un desafuero sin límite de tiempo.

La votación, sin precedentes, sorprendió al mundo político. Cumplidos los 60 días, el juez pidió una extensión porque consideró que no era tiempo suficiente para llevar a cabo la investigación. Finalmente, se le otorgó, pero no fue preso. En total, Angeloz permaneció 28 meses fuera del cargo hasta en 1997, cuando tras un acuerdo entre el PJ y la UCR pudo volver al Senado. En 1998 fue absuelto de la causa.

La renuncia de Angeloz al privilegio fue citado como ejemplo por Sergio Massa cuando impulsó meses atrás esa campaña. Sin embargo, cabe señalar que la ley de fueros todavía no había sido reformada en el 2000, por lo que los legisladores gozaban entonces de una inmunidad judicial plena. La norma actual solo impide el arresto de los legisladores, pero sí habilita a jueces y fiscales a avanzar con las investigaciones penales, pedir declaraciones indagatorias o instruir procesamientos.

El otro caso resonante de desafuero fue el del represor Luis Abelardo Patti. El ex subcomisario, acusado de crímenes de lesa humanidad, resultó electo los comicios legislativos de 2005. Nunca logró asumir su banca ya que el Congreso resolvió, en mayo de 2006, que carecía de “idoneidad moral” para desempeñarse en el cargo.

En 8 de abril de 2008, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Patti al señalar que el Congreso no tenía atribuciones para impedir que el ex comisario y ex intendente de Escobar asumiera su banca. Esa sentencia le devolvió los fueros al represor, quien ya estaba en la cárcel por la desaparición y asesinato de Gastón Goncalvez, Carlos Souto y el diputado Diego Muniz Barreto, ocurridos en la última dictadura militar. A raíz del fallo del máximo tribunal, su abogado Gregorio Badeni había anunciado que presentaría un recurso para que recupere la libertad.

Rápidamente, 16 días después de la sentencia, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero solicitado por el juez Alberto Suárez Araujo en el marco de la investigación de los crímenes de Patti. El debate se extendió por más de siete horas. La supresión de la inmunidad fue aprobada por 196 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.

A nivel provincial, un caso que fue relevante de desafuero involucró a un diputado de Tierra del Fuego. Se trata del represor Juan “Jeringa” Barrionuevo, enfermero de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) y autor de crímenes de lesa humanidad, entre ellos, los denominados “vuelos de la muerte”. Le decían “jeringa” por aplicar inyecciones de anestesia para arrojar luego, adormecidos, a los detenidos-desaparecidos al mar.

Al igual que Patti, Barrionuevo nunca asumió su banca de diputado provincial, cuando resultó electo en 2003. En diciembre de ese año, Víctor Basterra, víctima de “jeringa” durante la última dictadura militar, lo reconoció en las calles de Ushuaia y lo identificó como el enfermero que asistía al médico Carlos Octavio Capdevilla en las sesiones de tortura de la ESMA.

Poco después, el juez federal Sergio Torres avanzó en la causa y ordenó su detención. Luego de varias idas y venidas, la cámara de Diputados de Tierra del Fuego trató el pedido de desafuero requerido por el magistrado y aprobó el retiro de la inmunidad parlamentaria. El represor terminó detenido, pero más tarde sería excarcelado. Murió en 2008.

“Tenía miedo de que cuando llegara el momento no me iba a animar a empujar a la gente desde el avión, pero me animé. En ese momento me sentía Dios”, llegó a admitir Barrionuevo, según la declaración de testigos en la causa.

Intentos fallidos

Uno de los casos frustrados de desafuero fue en 2000, en medio del escándalo originado por el arrepentido Mario Pontaquarto por los sobornos en el Senado para que se apruebe la ley de flexibilización laboral, también conocida como “ley Banelco”.

Mientras avanzaba esa causa de corrupción, e intentado emular lo ocurrido con Angeloz, el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez pidió un “desafuero colectivo” para que todos los involucrados se sometieran a la investigación. Sin embargo, no fue aceptada la petición. Aquel rechazo fue una de las razones por las que Álvarez renunció a su cargo, lo que dio el puntapié de la crisis política generada en el gobierno de Fernando de la Rúa. El juez Carlos Liporaci pidió también la medida para los ocho senadores bajo sospecha, pero fue rechazada por el cuerpo.

En marzo de 2003, quedó bajo la mira del desafuero el senador Luis Barrionuevo, por su obstrucción de las elecciones en Catamarca, que incluyó hasta la quema de urnas. Finalmente, por sugerencia de la entonces senadora Cristina Kirchner, se decidió avanzar por la vía de la expulsión, al alegar inhabilidad moral. En ese debate, el peronismo votó divido hubo 37 votos afirmativos por la exclusión, pero no alcanzaron para llegar a los dos tercios.

El desafuero se pidió también para el senador Raúl Ochoa, de San Luis, condenado en 2005 a dos años de prisión en suspenso por votar dos veces en una elección. Sus colegas de bancada le dejaron concluir su mandato. En similar situación está actualmente el ex presidente Carlos Menem, condenado por tráfico de armas a Ecuador.

Fuente: Infobae.