Reforma del Código Penal: buscan limitar las excarcelaciones

El Gobierno busca limitar las excarcelaciones y concretar las detenciones de personas condenadas en los juicios orales que no van a prisión hasta que la sentencia quede firme.

La iniciativa forma parte de un proyecto de reforma al Código Procesal Penal que fue presentado la semana pasada en el Congreso Nacional en un contexto de fuertes reclamos por casos de inseguridad de impacto público y con la decisión política de enviar 6.200 efectivos de Gendarmería Nacional al conurbano bonaerense.

El Poder Ejecutivo quiere modificar algunos aspectos del Código Procesal -donde se establecen cómo se instruyen las causas- que se aprobó en 2014 a instancias de una iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner.

Para eso presentó la iniciativa, que este jueves fue explicada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, en la Comisión Bicameral del Congreso de Seguimiento e Implementación del Código.

La propuesta de reforma del macrismo mantiene el sistema acusatorio en el que las investigaciones estarán a cargo de los fiscales y en el que se fijan plazos para resolver las causas.

El nuevo Código entrará en vigencia en el último trimestre de 2017 en Salta, Jujuy, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz para progresivamente extenderse a todo el país.

El último distrito en el que se aplicará es en la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires, donde se investigan las causas de corrupción contra funcionarios nacionales.

Las reformas centrales que el Gobierno propone apuntan a endurecer las excarcelaciones y concretar detenciones; nuevas herramientas tecnológicas de investigación y la figura del agente encubierto; y modificaciones para causas de corrupción, como la posibilidad de reabrir casos cerrados.

“Hemos tenido una muy buena recepción por parte de los legisladores del oficialismo y del Frente para la Victoria”, dijo Garavano en una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia junto al secretario de Justicia, Santiago Otamendi, el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, y el director de Política Criminal, Carlos González Guerra.

Excarcelaciones y detenciones

El Código establece hoy que una persona puede quedar detenida mientras es investigada cuando hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Esas figuras tienen sus requisitos que ahora el Gobierno propone extender.

El proyecto establece que podrá estar bajo prisión preventiva la persona que haya estado detenida, si tenía documentación falsa cuando fue apresada, si intentó fugarse en el momento del procedimiento o si “fue hostil o ejerció violencia contra su aprehensor”.

También para los casos en los que intente “asegurar el provecho del delito”, lo que puede ser clave para casos de corrupción. Además, para los casos en los que exista la sospecha de hostigamiento o amenaza a las víctimas o los testigos.

Respecto de las detenciones, el Gobierno propone que se puedan concretar una vez que la persona es condenada a una pena de cumplimiento efectivo y que no se debe esperar a que el fallo quede firme, como ocurre hoy.

Así, una persona podrá ser detenida en el mismo momento que fue condenada. Con esa norma, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi hubiesen quedado detenidos en el juicio por la tragedia de Once o el ex ministro de Economía Domingo Cavallo por el pago y cobro de sobresueldos durante el menemismo. Todos ellos fueron condenados a penas de cumplimiento efectivo y están libres, excepto Jaime.

Medidas especiales de investigación

El nuevo Código propone crear las figuras del agente encubierto y el informante para que trabajen en las investigaciones.

El agente encubierto es un miembro de las fuerzas de seguridad que podrá introducirse en organizaciones criminales. La ley lo autoriza a participar de delitos -siempre que no esté en riesgo la vida o integridad física de otras personas– pero no a instigarlos. Tendrá una identidad falsa y si por su función es detenido le informará al juez de manera confidencial su situación.

Por su parte, el informante es una persona civil que puede colaborar en las causas y tiene los mismos resguardos que el agente encubierto.

Para las investigaciones, el Código propone nuevas herramientas tecnológicas: la vigilancia acústica y de las comunicaciones; la vigilancia sobre equipos informáticos y la aplicación de dispositivos de seguimiento o localizaciones.

Esas herramientas permiten, por ejemplo, poner micrófonos –prohíbe que sea en domicilios particulares–, hacer seguimientos con equipos de audios o filmaciones y seguir en momento real los intercambios de mensajes.
También se prevé la autorización para una “entrega vigilada”, por ejemplo de un cargamento de droga o en casos de contrabando. Se trata de permitir que un delito se realice bajo el control de los investigadores para poder detener a la mayor cantidad de personas posibles.