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Reforma del Código Penal

Trabajan para que las penas por delitos de corrupción sean más duras

El texto prevé cárcel para funcionarios, decomiso de bienes y castiga el enriquecimiento ilícito. Buscarán aprobarlo en el primer semestre del 2018.

POR REDACCIÓN

07 de enero de 2018

El nuevo Código Penal, que podría ser sancionado en la primera mitad de 2018, supone penas más duras para delitos de corrupción contra la administración pública.

El dato se desprende del borrador que atesora en la mesa de su oficina en Comodoro Py, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, quien viene trabajando con un grupo de jueces, fiscales, abogados y funcionarios en un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal.

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Se trata de una comisión especial de 13 miembros creada por decreto por el Gobierno –e impulsada por el ministro de Justicia, Germán Garavano– que planea, en febrero, terminar su ronda de consultas con la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, una reunión con los jefes de las bancas de la Cámara de Diputados.

A fines del 2017, la comisión se reunió con los senadores Miguel Angel Pichetto y Rodolfo Urtubey, del PJ, y Federico Pinedo, del oficialismo para presentar los lineamientos del primer borrador. De esta forma, podría comenzar a debatirse en el Congreso el 1º de marzo.

Los delitos

Hoy el Código prevé penas relativamente bajas y excarcelables en lo que refiere a delitos de corrupción. Por ejemplo, malversación de caudales públicos (apenas de un mes a tres años), enriquecimiento ilícito (por el cual está detenido Boudou), cohecho (coimas), o negociaciones incompatibles con la función pública (prevé de uno a seis años de prisión). Por ello, en el anteproyecto, se establece un capítulo (el VI) dedicado a los “delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos”.

La escala penal actual es de uno a seis años de prisión y se propone una escala de tres a diez años de prisión. Pero las penas se elevan a cuatro y doce años, respectivamente, cuando el autor de los delitos fuera el Presidente o funcionarios de primera línea.

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En lo que refiere a enriquecimiento ilícito, se agrega la figura del testaferro y se amplían los plazos para investigar a un ex funcionario: actualmente hasta dos años después de haber dejado su cargo público puede ser investigado, pasaría a seis años posteriores a la cesación en el cargo público.

En cuanto a los delitos de cohecho o coimas, y tráfico de influencias, el borrador extienden los casos: “Se propone ampliar los supuestos agravados (hoy se limitan a los magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público) al caso del presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministro o secretario de Estado, gobernador, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vicegobernador, vicejefe de Gobierno, intendente, legislador nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal”.

Por lo pronto, en febrero habrá una nueva reunión de los 13 miembros de la comisión, que ya planean un viaje a Mendoza en el marco de una serie consultas con las Justicias locales, que suelen tener una mirada particular sobre cada temática.

FUENTE: PERFIL
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