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Cuarto de Instrucción

La Justicia aún no define si mandará o no a la cárcel a los Ruiz Álvarez

Ambos hermanos, que pidieron la eximición de prisión, están sospechados de hacer préstamos de carácter privado e irregular utilizando fondos que podrían prevenir de la Caja de Acción Social.

POR REDACCIÓN

31 de octubre de 2018

Tras que el viernes pasado trascendiera la denuncia contra los hermanos Guillermo y Javier Ruíz Álvarez por los presuntos delitos de usura y falsificación de cheque de terceros para poder ejecutarlo y percibir el monto, el juez que investiga el caso aún no decide la eximición de prisión del ex presidente de la Caja de Acción Social y del fiscal del Tribunal de Cuentas.

Un verdadero escándalo se originó en los pasillos de la Caja de Acción cuando se conoció que el, en aquel entonces, presidente había sido acusado junto con su hermano de actuar como prestamistas y utilizar fondos del CAS, de los delitos de usura y falsificación de cheques. Esto ocurrió el viernes pasado en la mañana temprano. Horas después la polémica pasaba a Casa de Gobierno. Sobre la media mañana, el gobernador Sergio Uñac decidía mediante decreto dar por finalizada las funciones de Guillermo Ruíz en la Caja. Éste cumplía sus tareas desde la primera gestión de José Luis Gioja, es decir, estaba hace 15 años la oficina.

El lunes la Policía realizó allanamientos tanto en la oficina de calle Santa Fe como en el Tribunal de Cuentas. El juez Martín Heredia Zaldo, del Cuarto de Instrucción, mandó buscar documentación que podría ser clave para la causa. En paralelo, la defensa de los hermanos presentaba la eximición de prisión ante el magistrado con el objetivo de evitar ir a la cárcel y ser investigados en libertad. La Justicia podría pedir la detención de los funcionarios si lo viera conveniente.

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Guillermo y Javier Ruíz podrían declarar en indagatoria esta semana, aunque no hay nada definido, según fuentes judiciales.

El hecho empezó cuando una comerciante María Natalia Alaniz denunció a Guillermo y a Javier Ruíz porque actuaron como prestamistas privados y que habrían utilizado fondos de la Caja de Acción Social para otorgar los créditos. También la mujer aseguró que el préstamo era usurario y hasta llegó a decir que estos funcionarias habrían adulterado la fecha de un cheque con intención de cobrarlo.

Alaniz inició su acusación llamando a la línea 134 y desde allí derivaron el tema a la Justicia local y fue así como la fiscal Ana Lía Larrea solicitó el inició de una causa para investigar la sospechosa maniobra delictiva.

Entre las presentaciones que esta mujer realizó se encuentra un video de una cámara oculta en el que se vería a Guillermo Ruiz Álvarez, hablando de los presuntos préstamos de planta en negro e involucrando en la metodología a otras personas.

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