Por la Megacausa Expropiaciones, Graffigna podría recibir entre 12 y 40 años de cárcel

Hace días el juez del Quinto Juzgado de Instrucción, Benedicto Correa, clausuró la investigación por la Megacausa de Expropiaciones y la elevó a la Sala Penal para el juicio, en respuesta al pedido del fiscal Carlos Rodríguez. Uno de los procesados y el apuntado como el jefe de la organización ilícita, Santiago Graffigna, podría recibir una pena de 12 a 40 años de prisión, de acuerdo a los delitos que se le imputan, según manifestaron desde el entorno de la querella.

Tras la decisión del magistrado Correa, este lunes hubo una conferencia de prensa en la sala de situación de Fiscalía de Estado de San Juan, ubicada en calle Tucumán norte. En el mismo, los principales exponentes fueron el fiscal de Estado Jorge Alvo y el abogado Rubén Pontoriero. Este último es el profesional representante de la querella en la causa.

El primero en hablar fue el titular de la Fiscalía de Estado Jorge Alvo. El representante de la provincia expresó que espera que el tribunal se conforme en el primer semestre del 2019 y la fijación de fecha de juicio. “Quiero resaltar la gran labor que hizo mi antecesor, el doctor Guillermo De Sanctis, quien tuvo a su cargo y se puso a cuesta la investigación en conjunto con el doctor Pontoriero”, añadió Alvo.

Por su parte, el abogado Rubén Pontoriero señaló “queremos que el juicio sea lo antes posible, pasó mucha agua bajo el puente y hay que darle una respuesta a la sociedad. Salgan inocentes o culpables esto es una historia que se tiene que terminar de la forma que debe ser, a través de un juicio oral y público”.

Graffigna está acusado de accionar una red de abogados, ingenieros y jueces que lograba que el Estado pagara sumas millonarias por causas y juicios de expropiación inflados.

En su fallo de 180 carillas, en un extracto, el juez explicó el motivo de su resolución: “De la investigación de estos procesos, se pudo determinar que en la mayoría existieron patrones de conducta que dejan ver claramente la relación connivente y el accionar concurrente de  todas la partes y el sujeto que de alguna manera intervinieron en los mismos, consistentes en una cadena de actos procesales absolutamente irregulares e ilícitos que se repiten encaminados ardiosamente  a obtener sentencias condenatorias contra la provincia de San Juan por montos indemnizados exorbitantes, desmedidos y absolutamente irrazonables”.

Al abogado de la polémica lo procesaron como autor principal de fraude en perjuicio de la administración pública, en siete hechos, tentativa de estafa, en ocho hechos; jefe u organizador de una asociación ilícita y defraudación por ocultamiento o sustracción de prueba todos bajo las reglas del concurso real, en perjuicio de la provincia de San Juan.

De acuerdo al Código Penal, la estafa tiene una pena de 6 meses a 6 años de prisión, la asociación ilícita, de 3 a 10 años y de 5 a 15 años de cárcel y la tentativa de fraude, de un tercio de la mínima y la mitad de la máxima del las penas que le corresponden a la estafa. Pontoriero expresó a la prensa que estarían las condiciones para pedir a partir de 12 y hasta 40 años de prisión.

También irán a juicio la experito de Fiscalía de Estado ingeniera Ana María Melvin; el juez en lo civil destituido Carlos Macchi; el abogado y socio de la asociación ilícita Horacio Alday; la ex jueza Rosalba Marún; los peritos Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos.