Trasladarán a Tapia desde el Penal a una comisaría para mayor seguridad

Luego del allanamiento que se realizó en la Comisaría 17º y que terminó con una serie de detenciones, entre ellas, la del jefe de la seccional, fue el juez federal Leopoldo Rago Gallo quien relacionó a los efectivos con el caso de María Bugueño, la mujer que murió tras recibir un disparo en el Carnaval de Chimbas.

Según comentó en conferencia de prensa, a raíz de las escuchas que se obtuvieron en el proceso investigativo, se conoció que los policías detenidos habrían “plantado” falsas evidencias con la finalidad de detener a quien señalaron como el presunto homicida, Miguel Tapia.

Tras esto, el juez titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, quien lleva la causa de la muerte de la mujer, decidió trasladar a Tapia desde el Penal de Chimbas a una comisaría para brindarle mayor seguridad.

“Ante estos hechos que han ocurrido y para evitar problemas y que otra institución como es el Servicio Penitenciario se vea involucrado, porque supongamos que algo pueda sucederle (a Tapia), es que he ordenado su traslado a una dependencia para que esté solo, debidamente resguardado hasta que se resuelva esta situación”, explicó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Tapia quede en libertad, Flores se limitó de decir que no ha dictado “ninguna resolución” porque están en una etapa muy temprana de la instrucción.

En tanto, sobre la causa de los narcopolicías, el letrado expresó que en las escuchas realizadas “surgen una serie de conversaciones en las que el principal responsable les va dando directivas a otros oficiales y hablan de una desesperación por encontrar un arma y que aparezca en algún lugar”.

Sin embargo, aclaró que eso “no es una prueba circunstancial pero sí está demostrando una actitud maliciosa de pretender inducir al error a un juez y, además, sin considerar que hay una persona que está privada de la libertad”.

Es así que el juez explicó que la detención de Miguel Tapia fue anterior a la aparición del arma, a raíz de unas declaraciones testimoniales. “Ahora falta la ratificación o rectificación de las mismas, que también entran en un manto de sospecha porque no sabemos si han sido bajo presión de esas personas”, añadió.

Finalmente, Flores resaltó que aunque lo sucedido permitió “determinar quién es quién en ese grupo”, tiene el deber de “confiar” en el resto de la gente con la trabaja.

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