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Abogados reclaman que se dé marcha atrás por las nuevas tasas de justicia

Abogados para que se dé marcha atrás al incremento, entendiendo que esto imposibilita la llegada de la “justicia” a todas las personas de la provincia.

POR REDACCIÓN

08 de enero de 2018

El último 27 de diciembre, el Boletín Oficial de la provincia publicó los nuevos incrementos en las tasas de la justicia, algo que de inmediato provocó el rechazo y pedido del Foro de Abogados para que se dé marcha atrás al incremento, entendiendo que esto imposibilita la llegada de la “justicia” a todas las personas de la provincia.

Desde la presidencia del ente que nuclea a los profesionales de la justicia, salieron a pedirle al Gobierno que vuelva sobre sus pasos ya que la nueva suba en los impuestos “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y rompe con la igualdad que proclama la Constitución Provincial”.

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Parte de los fundamentos que expuso el Foro tuvo base en los costos para las personas, aduciendo que “limita un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos, en la Provincia de San Juan el justiciable queda dividido entre los que podrán seguir acudiendo a los tribunales porque podrán pagar las tasas de justicia (“ricos”) y quienes no podrán hacerlo por su encarecimiento (“pobres”)”, indica el escrito de una solicitada emitida.

El presidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, explicó que el incremento en la tasa pasó del 1,5 al 2,5, quitándose la posibilidad de abonar la mitad al iniciar el juicio y el resto al finalizarlo. Esto significa que si una demanda es por un monto de 100 mil pesos, el denunciante debe aportar desde el inicio 2.500 pesos más otros sellados e impuesto. “Hay gente que puede encarar este tipo de gastos, pero existen personas que deben llevar adelante una demanda y no tiene dinero para poder iniciar todos estos trámites judiciales”, comentó Arancibia.

En tanto que otra de las críticas que tiene este pedido es el de la exención del pago de toda pasa judicial a la Fiscalía de Estado quien “sí cuenta con el gratuito servicio de justicia”, dijeron, al mismo tiempo que explicó Arancibia que “el 50 por ciento de las causas judiciales tienen intervención del Estado”. Esta exención no se aplica desde ahora, sino es una práctica que viene desarrollándose con anterioridad.

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