Con limitaciones, una comisión auditará la obra pública

El proyecto de resolución para la conformación de una Comisión Especial de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública fue aprobado de forma unánime por la Cámara de Diputados. Pero tras un extenso debate que se dio sobre tablas, el proyecto original que había sido presentado por el interbloque opositor, se realizaron cambios impulsados por el oficialismo, quien con sus votos se terminó imponiendo en todas las modificaciones. Uno de los puntos fue el que más le dolió a la oposición, la limitación y quite de competencias para poder auditar. Desde el oficialismo, explicaron que tenía que ser así porque caso contrario se metía en el campo de la Justicia.

Fue la sesión más larga del año (superó la elección de jueces de flagrancia) y eso se debió a que al tema lo trataron en el recinto tras no querer que pase a las comisiones correspondientes. Y fue en el parlamento donde todos los artículos del proyecto se debatieron, dando lectura a las diversas mociones presentadas.

En general, el proyecto de resolución (que había sido presentado como proyecto de Ley), fue votado de forma unánime por 34 votos positivos, ninguno negativo y tampoco abstenciones. Pero artículos en particular fueron los que sufrieron cambios y uno de esos fue el que lamentaron los creadores del proyecto (bloques opositores), con la limitación de poderes para activar los mecanismos de recabado de datos para las auditorías.

“Al limitar las funciones, no es el espíritu del proyecto original, más allá de que podamos formar la comisión. Nos veremos limitados en las facultades porque pedíamos pedir documentación, de requerir y hacer comparecer a ex funcionarios o actuales, de someterlos a posibilidades de careos. Entiendo que eran facultades extraordinarias, pero para eso era necesaria una comisión especial”, comentó Susana Laciar, legisladora co-autora del proyecto.

El proyecto original preveía poder realizar allanamientos, careos, requerir a funcionarios que estén fuera de la provincia entre otras cosas, dijo la diputada que agregó: “Cuando se detecten irregularidades, hay que dar cuenta al Poder Judicial respectivo, uno no va a tomar sentencias o sanciones que son fueras de nuestra competencia, sólo decimos tener funciones para tener la auditoría real de las obras”.

Lo que podrá hacer la comisión es: entender en la auditoría, evaluación, análisis y seguimiento de la totalidad de la obra pública realizada en el ámbito territorial de la provincia de San Juan ya sean de jurisdicción provincial o municipal y ejecutada con fondos de cualquier origen.

También podrá elevar a la Cámara informes parciales por obras auditadas; solicitar informes escritos u orales y que se remita documentación pertinente sobre las obras que sean objeto de auditoría; solicitar la colaboración y asesoramiento de personas, instituciones, comunidades y organismos especialistas en la materia objeto de la auditoría; y realizar las presentaciones judiciales que se consideren convenientes ante la presente de un hecho irregular o penalmente punible.

Pero en la otra vereda, el oficialista Pablo García Nieto expresó: “Hemos acompañado la creación de la comisión auditora, la mejoramos porque tenía errores de técnica legislativa y de fondo. Se estaba inmiscuyendo en cuestiones que competen a la Justicia, como es la posibilidad del careo. Hemos propuesto que sea de 2003 hasta diciembre del 2016 y queremos que la precisa un diputado de la oposición, algo que a nuestro entendimiento debe ser la diputada Susana Laciar, proponiendo que sea del bloque de la primera minoría”.

Entre las modificaciones que se aplicaron es que se extendió el plazo de investigación de 6 meses a un año. La comisión estará compuesta por un miembro de cada bloque y el presidente de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales; Hacienda y Presupuesto; Obras y Servicios Públicos; Justicia y Seguridad y Sistema Municipal.

El lugar de funcionamiento de la Comisión será en la Cámara de Diputados y podrá contar de los recursos de la legislatura para llevar adelante el proceso necesario para auditar las obras. El paso siguiente será conformar la comisión y designar quienes van a ser los legisladores que la compondrán.

Todo se originó tras el escrito del ex ministro de Planificación Federal en la época del kirchnerismo, Julio De Vido, hoy detenido en el penal de Marcos Paz, donde disparó contra las obras públicas de San Juan construidas con fondos nacionales durante la gobernación de José Luis Gioja.