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Esperan a la Justicia para realizar un aborto no punible a menor abusada
En el Ministerio de Salud están todas las condiciones dadas y previstas en el Código Penal para efectuar un aborto a una menor discapacitada victima de abuso. Resta esperar las medidas de prueba que disponga el juez. Las mismas estarían hoy.
POR REDACCIÓN
Un escalofriante caso de violación contra una menor de 14 años que padece un retraso madurativo, que la hace tener las características mentales de un niño de tres años, llevaría a las autoridades de Salud Pública a aplicar por primera vez en San Juan el protocolo hospitalario para abortos no punibles.
La niña, que sería oriunda de la zona de Médano de Oro, quedó embarazada luego del ataque sexual producto de una violación. Según fuentes ligadas a la investigación, una vecina denunció el hecho a través del Centro de Emergencia 911.
Luego de confirmado el embarazo de la menor, quien está siendo atendida por profesionales en el Hospital Guillermo Rawson, habrían sido los propios padres quienes le solicitaron al juez del Segundo Juzgado de Instrucción, Eduardo Raed, la interrupción.
Pese al hermetismo del caso, fuentes cercanas indicaron que el sujeto apuntado como autor de la violación estaría identificado y detenido por parte de la Policía y a disposición de la Justicia. El sujeto, de apellido Villalobo de 32 años y de nacionalidad boliviana, sería dueño de una finca donde trabajaban los padres de la menor.
Hasta ahora en ningún hospital público de la provincia se había realizado una interrupción de embarazo a una persona víctima de una violación.
En este punto hay que recordar que el Código Penal argentino desde 1921 establece que la interrupción en caso de “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente” está despenalizada para el médico que lo practique como para la paciente.
Pero en un fallo inédito, la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2012 indicó que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito, sino que basta con completar una declaración jurada en la que la mujer víctima de una violación manifieste que el embarazo es producto de ese delito.
Más allá del horror del caso en sí, se convertiría en emblemático pues San Juan es una de las ocho provincias que no están adheridas al protocolo junto a Mendoza, San Luis, Catamarca, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Tucumán.