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Tras perder la ART de estatales, el IAPSER despidió a más 30 empleados
Así lo confirmó el presidente de la compañía Juan Domingo Orabona. También habló sobre el proceso judicial que se lleva adelante y sentenció que todo el negocio estuvo dentro de la ley.
POR REDACCIÓN
El primero de febrero la provincia de San Juan, luego de una licitación que llevó adelante la gestión de Sergio Uñac, decidió cambiar de manos la ART de estatales pasando del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) al grupo Provincia Seguros. Medida que le ahorró un importante monto de dinero a las arcas locales y que además disparó una denuncia penal contra la gestión de José Luis Gioja por entender que existió sobreprecio en la contratación.
El fin del negocio originó un fuerte cimbronazo en la oficina local del IAPSER, ya que desde entonces se despidió a más de 30 empleados, según confirmó a DIARIO HUARPE el presidente de la compañía, Juan Domingo Orabona (foto).
“Del personal de planta permanente dimos de baja cerca de 16 personas y después teníamos un numero importante de preventores que prestaban servicio para nosotros y que también les dimos de baja. Hubo más de 30 despedidos”, dijo Orabona. Al mismo tiempo confirmó que no se irán de la provincia pero aclaró que “estamos ajustando la estructura a la cartera actual de clientes. A menor producción, menor cantidad de gente”. Hay que decir que entre los despedidos de la compañía está Moisés Lara, quien solamente quedó como representante comercial de la firma en San Juan.
En la ocasión Orabona habló sobre el proceso judicial que se está llevando adelante en la provincia al decir que “dicen que hubo una estafa al gobierno de la San Juan por 3.600 millones y eso es falso. Los dos primeros años de contrato con San Juan cobramos una alícuota 50 por ciento menor a la que venían pagando, los próximos 6 años fuimos a perdida y recién en los últimos 3 años de contrato tuvimos una compensación”. En este sentido sentenció que “el negocio con San Juan fue en el marco de una contratación directa entre estados y bajo el marco de lo legal. Si la Justicia de San Juan solicita alguna documentación la tendrá, todo está en regla”.