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Economía

Viñateros piden al INV que prohiba la plantación de nuevos viñedos

Los productores nucleados en la Federación y Asociación de Viñateros, le pidieron aI INV que prohíba de forma inmediata la implantación de nuevos viñedos para no continuar fomentando el exceso de stock.

POR REDACCIÓN

28 de julio de 2014

Vale recordar que el Plan Es­tratégico Vitivinícola que, lleva adelante la COVIAR, establece que la superficie implantada con viñedos en el país debe mantenerse en las 200.000 hectáreas, en razón del excedente mundial de vinos.

Sin embargo, en estos últimos 10 años se han implantado más de 30.000 nuevas hectáreas. Esto, sumado a que el consumo de vinos en el mercado interno cayó por encima del 30 por ciento, provoca un excedente que hace peligrar de vida al sector, según contaron los viñateros.

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“El Instituto Nacional de Vitivinicultura tiene que prohibir ya la implantación de nuevos viñedos. Nosotros apoyamos la reconversión con el propósito de más productividad, pero no de nuevas hectáreas”, contó el presidente de la Asociación de Viñateros, Juan José Ramos. Actualmente hay un sobre stock de vinos que supera los siete meses, cuando el ideal es de cinco.

El productor agregó que el próximo 20 de agosto han convocado a una asamblea general, en conjunto con la Federación, para determinar las acciones a seguir de cara a las medidas que vienen tomando los gobiernos provincial y nacional.

Hoy, segundo round por la Corresponsabilidad Gremial

La Federación de Viñateros y la Cámara Vitivinícola de la pro­vincia se reunirán con autoridades provinciales y nacionales por el convenio de Corresponsabilidad Gremial.

A principio de mes hubo un encuentro en Buenos Aires con Carla Campos Bilbao, funcionaria del Ministerio de Agricultura de la Nación y hoy se realizará el segundo round por el conflicto. Los viñateros le adelantaron a DIA­RIO HUARPE que su idea es seguir por fuera del acuerdo, pero todo dependerá de lo que suceda en la jornada de hoy.

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La Corresponsabilidad Gre­mial se rompió cuando los productores denunciaron el convenio ante el Ministerio de Trabajo al considerar que no sirve para blanquear obreros, debido a que éstos no quieren brindar sus datos para ser registrados por miedo a perder los beneficios sociales.

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