POR REDACCIÓN
14 de febrero de 2020
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, relevó anoche a tres ministros, que se suman a otro más que dimitió el pasado lunes, y renovó su Ejecutivo con perfiles técnicos en medio de una crisis política desatada por la demanda millonaria que Odebrecht planteó contra el país en instancias internacionales. La ministra de Justicia, Ana Revilla; el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, y la ministra de Educación, Flor de Pablos, se unieron así al ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, en su salida del Ejecutivo de Vizcarra, quien rápidamente hizo jurar a sus sustitutos para atajar cuanto antes la crisis ministerial. Durante la tarde hoy, y cuando apenas se conoció oficialmente la renuncia de los ministros, el Ejecutivo anunció que tomaría juramento a sus sustitutos, un grupo de técnicos con experiencia de gobierno y que se desempeñaban en organismos del Estado. Carlos Lozada asumió como ministro de Transportes y Comunicaciones procedente de la dirección de Provias, el organismo gestor de la infraestructura vial del país, y Martín Benavides ocupó la cartera de Educación, procedente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, reseñó la agencia de noticias EFE. Fernando Castañeda pasó al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras haber sido viceministro hasta la fecha y la ingeniera Susana Vilca asumió Energía y Minas, donde ya fue viceministra durante el gobierno de Ollanta Humala (2006-2011). La intempestiva crisis ministerial se precipitó en las últimas horas con la profundización de las revelaciones de las maniobras que Odebrecht empleó en las últimas semanas para intentar negociar con Perú, al tiempo que planteaba una demanda por incumplimiento del contrato por la construcción del Gasoducto del Sur firmado en 2014. De esa manera, la dimisión de Revilla respondió aparentemente a su participación en la coordinación de un encuentro de representantes de Odebrecht con el ex ministro Liu (quien renunció el lunes) para conocer el estado en que se encontraba el proyecto del gasoducto, suspendido por el Ejecutivo tras el destape del escándalo de corrupción de la empresa brasileña en Perú. Después de esa reunión en enero pasado, Odebrecht, que es investigada en Perú por presuntos sobornos en cuatro grandes proyectos de infraestructura, demandó a Perú por 1.200 millones de dólares por la suspensión del gasoducto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La participación de Revilla en esa reunión pedida por Odebrecht fue revelada por Jorge Ramírez, ex procurador público del caso Lava Jato en Perú, que también fue separado del cargo por su presunta intervención en ese encuentro con la firma brasileña. Ramírez fue el procurador que planteó la reparación civil de 610 millones de soles (182 millones de dólares) que Odebrecht deberá pagar al Estado peruano, en 15 años, por haber admitido que cometió actos de corrupción en cuatro grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, ese monto ha sido cuestionado por la misma Procuraduría Anticorrupción, pues Ramírez también habría facilitado que Odebrecht reciba la devolución de 156 millones de dólares por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, otro de sus proyectos suspendidos en Perú y que fue transferido a otra compañía.
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