Más de 20 partidos se inscribieron para las elecciones legislativas de enero en Perú

Veintidós partidos se inscribieron para participar de las elecciones de enero para renovar el disuelto Congreso unicameral de Perú, informó hoy la autoridad electoral, que aclaró que aún debe evaluar si todas ellas cumplen los requisitos legales. "Se han presentado 22 solicitudes de inscripción", las cuales "deberán ser evaluadas" para "ver si cumplen con los requisitos de ley", afirmó Manuel Chuquillanqui, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la radio RPP. Esas 22 agrupaciones postularon en total 562 listas de candidatos por las 24 regiones del país, informó la agencia noticiosa estatal Andina. Entre los aspirantes a completar el período parlamentario hasta el 28 de julio de 2021 figuran legisladores del Congreso recientemente disuelto, como Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma, del partido fujimorista Fuerza Popular que, sin embargo, se postulan esta vez por Solidaridad Nacional, la agrupación del ex alcalde de Lima y ex candidato presidencial Luis Castañeda, según la agencia EFE. También inscribieron sus candidaturas -por dos partidos diferentes- los ultranacionalistas Isaac Humala y Antauro Humala, respectivamente padre y hermano preso del ex presidente Ollanta Humala. Isaac Humala, de 88 años, es el fundador del Movimiento Etnocacerista, una corriente que combina ideas nacionalistas y racistas, y en la que originariamente se enrolaron sus dos hijos. Ollanta se alejó en 2005, al fundar el Partido Nacionalista Peruano para postularse al año siguiente a la presidencia de la república, que perdería entonces y ganaría en 2011. Antauro purga una pena de 19 años de prisión por la muerte de cinco policías en el asalto a una comisaría en 2005, con el que pretendió amotinarse contra el presidente Alejandro Toledo. El plazo para inscribir las candidaturas venció ayer y las elecciones se efectuarán el 26 de enero. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso el 30 de septiembre pasado, amparado en la norma constitucional que faculta -no obliga- al jefe del Estado a tomar esa decisión si el parlamento, por segunda vez dentro de un período de gobierno, quita o deniega la confianza a un gabinete del Ejecutivo.