Provinciales
Buscan regular por ley el trabajo sexual en San Juan
AMMAR presentará un proyecto de ley, ya que pretenden eliminar la violencia institucional hacia el trabajo sexual y promover la utilización de la "Línea Roja" en nuestra provincia.
POR REDACCIÓN
Esta mañana se llevó a cabo un foro sobre la violencia institucional hacia el trabajo sexual. En este sentido, Georgina Orellano, presidente de AMMAR, explicó que las trabajadoras sexuales son perseguidas por la policía ya que existen códigos contravencionales en nuestra provincia que prohíben el. “De esta manera criminalizan a las chicas que usan el espacio público para trabajar. Hay un artículo que prohíbe el trabajo sexual en ámbitos cerrados y eso genera la persecución de la policía”, detalló.
Posteriormente explicó: “Queremos que se deroguen dichos artículos que aún rigen en San Juan y por eso AMMAR trabajará con el INADI, ATTTA y la CTA para que el proyecto de ley que presentaremos pueda tratarse”, destacó.
El proyecto de ley apunta a reglamentar el ejercicio del trabajo sexual, es decir, aquel servicio que presta una mujer de manera autónoma y voluntaria que esté integrado en un registro legal y que posea la habilitación correspondiente.
Cabe destacar que una de las necesidades de las trabajadoras sexuales es que sea erradiacada la violencia hacia su persona. “Las mujeres son detenidas por más de 15 días y al no tener derechos en su trabajo son vulneradas por la policía. Por eso pedimos que regularicen el trabajo sexual autónomo”, remarcó Mónica Lencina, secretaria general de AMMAR en San Juan.
Contra la violencia implementan la Línea Roja
El objetivo de la creación de la línea telefónica es denunciar situaciones de violencia ejercida contra trabajadoras sexuales. “La iniciativa intenta recuperar la voz de las trabajadoras sexuales y contribuir a la defensa de sus derechos”, reza uno de los párrafos del documento informativo entregado por AMMAR.
Al cumplir 20 años, AMMAR creó la Línea Roja (0810-999-0763), un número de alerta que funciona las 24 horas en todo el país. En San Juan pretende que funcione para acompañar y asistir a quienes han sido victimas de violencia institucional, además de que sirva para recolectar datos acerca de situaciones de violencia que ayuden a crear políticas públicas y concientizar.