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A la Justicia

Científico del Conicet procesado por el diseño del inventario de glaciares

El juez Sebastián Casanello procesó penalmente a Ricardo Villalba glaciólogo del Conicet, en la causa iniciada por los derrames de cianuro que ocurrieron en San Juan.

POR REDACCIÓN

05 de diciembre de 2017

El juez Sebastián Casanello procesó penalmente a un reconocido glaciólogo del Conicet, Ricardo Villalba, en la causa iniciada por los derrames de cianuro de la mina Veladero del 12 y 13 de septiembre de 2015 y el 8 de septiembre de este año.

Se lo acusa de que en el diseño del Inventario Nacional de Glaciares dispuesto por la Ley 26.639 y ejecutado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), entidad de la que fue director por concurso entre 2005 y 2015, se dispuso incluir cuerpos de hielo y ambiente periglacial de más de una hectárea, con lo que habría dejado “desprotegidos” los existentes en la cuenca del rio Jáchal, en San Juan.

Según el abogado Diego Seguí, patrocinante de la asamblea “Jáchal no se toca”, que hizo la denuncia, “[el Ianigla] restringió el concepto de «periglaciares»” y “si la ley no distingue, no puede hacerlo el funcionario que la aplica”.

“Esto es lamentable porque se destruye la confianza en un instituto con 40 años de trabajo en pro de la preservación del ambiente andino. El juez y los abogados de la asamblea cuestionan la metodología con la que se hizo el inventario aduciendo que favoreció a la empresa minera, le permitió seguir operando y producir el derrame. Pero las técnicas para elaborar estos instrumentos están estipuladas por organismos internacionales”, dijo Villalba.

Y agregó: “No entiendo porqué se hace tanto hincapié en el mínimo de una hectárea, si en la zona se relevaron 30 cuerpos de hielo con una superficie de cuatro kilómetros cuadrados, 40 hectáreas. El inventario registró la existencia de glaciares en Veladero y Pascua Lama, con lo cual existen motivos más que suficientes para detener la explotación minera en la región, si así se decidiera. Pero eso no le compete al Ianigla, que no es la autoridad de aplicación”.

“En 2006, cuatro años antes de la Ley de Protección de Glaciares, por pedido del gobierno de San Juan, nuestro instituto ya había hecho un estudio de impacto ambiental con todos los cuerpos de hielo de la provincia, aún los de menos de una hectárea, y los derrames ocurrieron igual, porque son producto de la falta de aplicación de otras medidas.”

Apoyo internacional

Hasta el momento, el Ianigla lleva registrados más de 15.400 glaciares a lo largo de 4000 kilómetros de Cordillera, el 70% del total.

“Es un trabajo que permitirá conocer por primera vez cuántos glaciares hay realmente en el país, cuál es su superficie actual y qué características tienen, además de entender cómo fluctúan en respuesta al cambio climático”, dice Villalba.

El inventario es una herramienta dinámica: la norma legal ordena su actualización cada cinco años. Pero la ley protege todos los cuerpos de hielo, independientemente de su tamaño.

Por ejemplo, establece que actividades proyectadas en glaciares y en ambiente periglacial deben estar sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que deberá incluir la identificación de todos los cuerpos de hielo potencialmente afectados.

La ley también dispone que se garantizarán instancias de participación ciudadana en forma previa a la autorización y ejecución de actividades que pudieran afectar los cuerpos de hielo.

El procesamiento de Villalba, doctor en Geociencias por la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y actual investigador superior del Conicet, provocó múltiples sorpresas.

Villalba es conocido como un defensor del medio ambiente. En 2007, integró el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que junto con Al Gore recibió el premio Nobel de la Paz por su contribución a alertar sobre el cambio climático.

Además de procesarlo, el juez Casanello dispuso un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes y prohibió su salida del país. Y como el Conicet no se hizo cargo de su defensa, Villalba debe afrontar los costos legales.

FUENTE: LA NACIÓN

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