Ni una menos
Estos son los puntos clave en la nueva Ley Micaela García
El proyecto para capacitar sobre violencia machista en los tres poderes del Estado obtuvo media sanción en Diputados con solo un voto en contra. La normativa es en homenaje a la joven de 21 años violada y asesinada en 2017.
POR REDACCIÓN
Pasada la medianoche del miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción, al proyecto contra la violencia de género conocido como Ley Micaela. El mismo, es en homenaje a la joven de 21 años violada y asesinada en el 2017. En cuanto a la normativa, tiene como fin capacitar en género a todas las personas que integran los tres poderes del Estado. La “Ley Micaela” es impulsada por la diputada del Frente para la Victoria Analía Rach Quiroga.
Puntos clave:
“Establecer la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”.
“La ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática.
En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por “las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.
El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.
Mediante su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado y realizará informes de seguimiento sobre su impacto. Se considerará como una “falta grave”, pasible de una sanción disciplinaria, que algún empleado público se negase, “sin causa justa”, a participar de las capacitaciones.
Las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley serán el Consejo Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Modernización. La enseñanza será a través de una capacitación obligatoria que se deberá cursar y aprobar anualmente. Las integrantes del Consejo contarán con cuatro meses para establecer los contenidos curriculares del curso que deberá estar en sintonía con el cumplimiento la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.