AHORA

3 C°

Jueves

6 C° / 16 C°

Viernes

7 C° / 16 C°

Policiales > Investigación

Se demoran las indagatorias por el robo de combustible en Salud Pública

La Fiscalía de Estado denunció a 14 empleados del ministerio, por pedido de la titular Alejandra Venerando a partir de una investigación realizada en diciembre. El Quinto de Instrucción es el que instruye la causa.

POR REDACCIÓN

04 de septiembre de 2018

Se demoran las indagatorias a los catorce empleados, acusados de robar combustibles en el ministerio de Salud Pública, e inclusive, algunos no serían citados por la Justicia. Es que, todavía no están las pruebas definidas para responsabilizar a uno por uno de los delitos que se investigan.

Más de un mes pasó, desde que la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, diera una conferencia de prensa en el Centro Cívico, para informar que la cartera puso una denuncia contra catorce empleados del Estado por el presunto robo de combustible. La mayoría de los acusados fue chofer de las movilidades oficiales de la dependencia.

Venerando dijo en los medios que, se calculaba que por estas irregularidades, el Gobierno perdió alrededor de 200 mil pesos. Sin embargo, el Quinto Juzgado de Instrucción demora en hacer las indagatorias a los sospechosos. Trascendió que aún no se definen las pruebas para endilgar a uno por uno el delito de defraudación contra las arcas públicas. Inclusive, para los investigadores, algunos solo cometieron errores administrativos, y por eso, ellos no serán citados. Ya que a la Instrucción solo le compete si hubo delito de robo o no.

La Fiscalía de Estado denunció a los empleados de Salud el miércoles 25 de julio, luego que la titular, la médica Alejandra Venerando hiciera el pedido.

En el ministerio, habían detectado unas irregularidades. Por lo que Venerando ordenó abrir una investigación en diciembre de 2017. Tras finalizar el informe que definió la existencia de ciertas anomalías, se desató el escándalo y derivó en la acusación penal.

Los denunciados son Sergio Montaño (el que era Jefe de movilidades), Federico Montaño (el hijo), Lautaro Vasconcelo, Jimena Vila (empleada administrativa), Juan Carlos Segovia, Edgardo Herrera, Juan Castro, José Maldonado, Fernando Vaca, Cristian Álvarez, Claudio Videla, Víctor Ponce, Pablo Cuenca y Martín Mereles.

El staff estaba compuesto por once trabajadores de planta permanente y tres contratados. Entre ellos, trece eran choferes y uno de administración.

Los de planta permanente fueron separados de sus cargos y el ministerio les inició un sumario. En tanto que echaron a dos choferes y la empleada de administración porque eran contratados.

Días después de la denuncia, que fue recibida por la fiscal de turno, Claudia Salica, el juez Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción, comenzó con la investigación del polémico caso.

El viernes 10 de agosto empezaron las testimoniales. Ese viernes, la asesora del Ministerio de Salud Pública, la doctora Edith Quiroga Chica se presentó en Tribunales, para ratificar la denuncia realizada en julio.

El lunes 13 de agosto continuaron con los testimonios. Esa vez fue el turno de Guillermo Benelbaz, secretario administrativo del área, para dar su versión de los hechos. Luego siguieron un par de contadores y abogados.

Los que pidieron no ser detenidos:

De los catorce apuntados por el Gobierno por el robo de combustible, ocho presentaron ante Quinto Juzgado de Instrucción la eximición de prisión. Es decir pidieron no ser detenidos. Esto puede ser presentado por el sospechoso, inclusive el mismo día que vaya a indagatoria, según los especialistas.

Los que se adelantaron a una posible detención son Federico Montaño, Lautaro Vasconcelo, Víctor Ponce, Jimena Vila, Juan Carlos Segovia, Martín Mereles, Juan Castro y José Maldonado.

Los presuntos delitos e irregularidades:

Cada conductor tenía una tarjeta otorgada por Salud Pública para cargar combustible. También, una clave que es personal e intransferible.

Según la investigación interna, los choferes hacían varias cargas de decenas de litros cada una con la misma clave y distintas tarjetas, en pocos minutos de diferencia. Además, utilizaban las claves de choferes que estaban de vacaciones. También, realizaban cargas los días en los que no había misión oficial autorizada ni justificación para que los vehículos estuvieran en circulación.

La sospecha más firme es que no iban siempre con las movilidades oficiales a la estación de servicio, sino que en algunas oportunidades, aprovechaban para hacerlo con sus propios autos para llenarles el tanque con la tarjeta que tenían del Estado. Los sumariantes no descartan que haya existido complicidad de playeros, porque llamativamente nadie se daba cuenta de que las patentes no se correspondían con las autorizadas por el sistema oficial.


Para reportar errores debe estar registrado.

Para Agregar información debe estar registrado.

Más Leídas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?