Adepa expresó su preocupación por restricciones a la información pública

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación por la Resolución General N° 26/2026 emitida por el Fiscal General de San Juan, Guillermo Baigorrí, mediante la cual se aprobó un protocolo para el manejo de información pública dentro del Ministerio Público Fiscal provincial. A través de un comunicado, la entidad advirtió que la nueva normativa podría generar restricciones en el acceso a la información de interés público y afectar la labor periodística vinculada a la cobertura de causas judiciales en trámite.

El organismo reconoció que existen límites legítimos al acceso a determinados datos cuando se trata de preservar el secreto de sumario, proteger la intimidad de las víctimas, resguardar datos personales o garantizar el éxito de medidas investigativas. Sin embargo, sostuvo que esas restricciones deben aplicarse de manera específica, proporcional y con respaldo legal.

Uno de los puntos que genera inquietud es que el protocolo ordena a funcionarios y agentes del Ministerio Público abstenerse de brindar información sin autorización previa, además de desalentar intercambios directos con periodistas sobre investigaciones en curso y centralizar las consultas en una única autoridad institucional.

Para Adepa, este esquema podría producir un efecto inhibitorio sobre las fuentes informativas y limitar el flujo de información hacia la ciudadanía. La entidad consideró que una excesiva concentración de la comunicación oficial puede empobrecer el debate público y reducir la transparencia respecto del funcionamiento del sistema judicial.

En el documento también se remarcó que la publicidad de los actos estatales y el acceso a la información pública constituyen pilares fundamentales de la libertad de prensa y del sistema democrático. Por ello, las limitaciones a ese derecho deben ser excepcionales, precisas y debidamente justificadas.

La asociación recordó además antecedentes internacionales sobre la materia. En ese sentido, citó un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que advirtió sobre los riesgos de los monopolios informativos ejercidos por organismos públicos cuando dificultan la obtención y difusión de información de interés general.

Adepa sostuvo que el protocolo aprobado en San Juan representa un antecedente preocupante para el ejercicio periodístico y para el control ciudadano sobre la administración de justicia. Por ese motivo, solicitó formalmente a las autoridades del Ministerio Público que revisen la medida.

Finalmente, la entidad pidió que cualquier regulación vinculada a la comunicación institucional garantice el respeto al principio de máxima publicidad de los actos públicos, el acceso a la información y el rol fundamental que desempeña el periodismo en una sociedad democrática.