Aisa Group negó una imputación por lavado y cuestionó la denuncia de Fecovita

La disputa judicial que desde hace años enfrenta a Fecovita e Iberte sumó esta semana un nuevo capítulo en los tribunales federales de Comodoro Py, con una investigación por presunto lavado de activos vinculada a operaciones financieras entre ambas empresas. El expediente tiene además una derivación directa para San Juan: Juan José Retamero Gómez, referente de Aisa Group y propietario de Minas Argentinas, la empresa operadora del proyecto minero Gualcamayo, quedó alcanzado por las medidas de investigación dispuestas por la Justicia.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Fecovita contra Retamero y el ex titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Guillermo García, por presuntas maniobras vinculadas con lavado de activos y balances falsos. El expediente tramita en la Justicia Federal porteña y el fiscal Ramiro González solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF), además de medidas sobre cuentas y sociedades relacionadas con los denunciados.

En los últimos días, la investigación avanzó con medidas que alcanzan información bancaria, fiscal y bursátil de Retamero, García y distintas sociedades, entre ellas EVISA, Inver, Minas Argentinas, Cabo Vírgenes, ISBER LLC y ERIS LLC. Estas medidas no implican por sí mismas que exista una condena ni acreditan la comisión de un delito.

En ese contexto, Julia Villanueva, directora legal de Aisa Group, salió a cuestionar la interpretación pública que se hizo de la causa y aseguró que no existe una imputación contra las empresas del grupo ni contra Retamero.

“No hay tal imputación contra ninguna de las empresas del grupo ni contra Juan Jorge Tamero”, afirmó la abogada, quien sostuvo que el requerimiento fiscal dejó expresamente establecido que no había elementos suficientes para imputar a ninguna persona y que, en esta etapa, se decidió investigar reportes de operaciones inusuales vinculados con Fecovita.

Aisa Group cuestionó el alcance de la denuncia

Villanueva sostuvo que el grupo ya presentó documentación para explicar las operaciones bajo análisis y afirmó que las empresas cuentan con mecanismos de prevención de lavado de activos y auditorías externas.

La representante legal puso especial énfasis en diferenciar una alerta u operación considerada inusual de la existencia de un delito. Según su interpretación, los reportes de la UIF que dieron origen a las medidas judiciales corresponden a operaciones realizadas en el marco de la relación comercial entre Fecovita y las empresas vinculadas a Aisa Group.

“La denuncia es de una irresponsabilidad notoria”, sostuvo Villanueva, al cuestionar que Fecovita haya utilizado la figura de lavado de activos sin, según afirmó, identificar un origen ilícito de los fondos.

La abogada también señaló que la propia presentación de Fecovita habría reconocido que no le consta un origen ilícito de los fondos cuestionados.

“No hay delito denunciado, le llama lavado de activos pero no denuncia delito”, afirmó.

El conflicto comercial que antecede a la causa

La investigación federal se inscribe en una disputa empresarial que comenzó con la sociedad entre Fecovita e Iberte para desarrollar negocios vinculados con la exportación de vino y jugo concentrado de uva. De esa relación surgió Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA).

La sociedad terminó disuelta y, posteriormente, comenzaron las denuncias cruzadas entre las partes. El conflicto derivó también en causas penales en Mendoza, donde integrantes de la conducción de Fecovita enfrentan investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas con balances y una supuesta defraudación.

En paralelo, Retamero expandió sus actividades hacia la minería. Aisa Group adquirió Minas Argentinas, operadora de Gualcamayo, en 2023. Desde entonces, el grupo convirtió al yacimiento ubicado en Jáchal en uno de los principales ejes de sus inversiones en San Juan.

La defensa habla de una posible estrategia de presión

Consultada sobre si la denuncia podría ser una respuesta al conflicto económico-financiero entre ambas partes, Villanueva evitó atribuir un móvil concreto, aunque planteó esa posibilidad.

“No puedo afirmar cuál sea el móvil, pero no podemos dejar de ponderar que quienes están haciendo la denuncia son los directivos de Fecovita”, señaló.

La directora legal de Aisa Group consideró que la presentación puede afectar la imagen comercial de las empresas al asociarlas con un delito de extrema gravedad.

En ese sentido, advirtió que una acusación de lavado de activos puede generar consecuencias reputacionales y comerciales, especialmente por la relación que este delito tiene con otras estructuras criminales.

Pidieron el archivo de la causa

Villanueva confirmó que Aisa Group ya presentó un escrito ante la Justicia y solicitó el archivo de la causa por inexistencia de delito.

“Nosotros primero nos vamos a defender acá”, indicó la abogada, quien explicó que todavía no está definido si el grupo iniciará acciones judiciales adicionales contra quienes formularon la denuncia.

La representante legal sostuvo que las próximas decisiones dependerán del avance del expediente y de la posición que adopte la Justicia.

Mientras tanto, la investigación federal continúa con la recopilación de información financiera y societaria. La existencia de medidas de investigación no equivale a una declaración de culpabilidad, y la situación procesal deberá definirse a partir de la prueba que se incorpore al expediente.