Alerta editorial: piden mantener la Ley del Libro en Argentina

Desde la Cámara Argentina del Libro, entidad que agrupa a 500 editoriales pequeñas y medianas de todo el país, manifestó a través de un comunicado oficial, su rechazo al proyecto del Gobierno Nacional que busca la derogación de la Ley N.º 25.542 de Precio Uniforme de Venta al Público de Libros, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera. 

Esta norma, impulsa el precio único del libro con el objetivo que haya más librerías, más editoriales, más autores y, en definitiva, que los lectores tengan accedan a más libros entre los cuales elegir.

Lo que argumenta la CAL, es que se trata de una herramienta fundamental de política pública para promover el acceso al libro y a la lectura, fortalecer la producción editorial nacional y preservar una red federal de librerías que garantice a la ciudadanía una oferta amplia, diversa y plural. 

Sancionada en 2001, la ley establece que el editor fija el precio de venta al público de cada libro y que dicho precio debe ser respetado en todos los canales de comercialización (librerías, cadenas comerciales, supermercados o plataformas de venta en línea). 

Lo que implica, es que el sistema, no solo tenga en cuenta al libro objeto como un bien económico, sino también, un bien cultural, cuya circulación resulta esencial para el ejercicio del derecho a la educación, el acceso al conocimiento, la libertad de expresión y la diversidad cultural.

Con esta premisa, el sector editorial y librero argentino se declaró en estado de alerta ante las iniciativas que buscan derogar dicha norma que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Tanto la Cámara como el Consejo de Administración de la Fundación El Libro expresaron su preocupación respecto de las medidas de desregulación, argumentando que la normativa vigente no interviene el mercado para restringirlo, sino para evitar que las grandes corporaciones monopolicen el acceso a la cultura.

Eliminar el precio único permitirá que grandes cadenas y plataformas digitales apliquen políticas agresivas de descuentos para desplazar a las librerías independientes, especialmente en las provincias, de la cual San Juan no está exenta de este peligro.

“El precio uniforme no elimina la competencia; la orienta hacia la calidad del servicio, el asesoramiento, la amplitud del catálogo y la promoción de nuevos autores, evitando que se reduzca solo a la capacidad financiera para ofrecer un precio menor”, explicaron desde la entidad.

25 años de vigencia 

Para respaldar la vigencia de la norma, los referentes del sector expusieron indicadores concretos alcanzados desde la sanción del marco regulatorio:

• Variedad de títulos: Se triplicó la cantidad de novedades editoriales publicadas en el país.
• Crecimiento industrial: Se duplicó la cantidad de editoriales activas.
• Red de ventas: Argentina cuenta con una red de aproximadamente 1.500 librerías, posicionándose entre los países con mayor densidad de puntos de venta de libros por habitante en toda América Latina.

Combate a la piratería: El precio de referencia aporta transparencia a las regalías de los autores y permite diferenciar las ediciones legales del circuito clandestino.

Países con fuerte tradición cultural como España, Alemania, Francia, Italia, Corea del Sur y Japón aplican esquemas similares de precio fijo para proteger sus industrias del libro.

Por su parte, desde la Fundación El Libro (que organiza la tradicional Feria Internacional del Libro de Buenos Aires) tildaron a la normativa como la “columna vertebral” de la diversidad bibliográfica y enfatizaron que las librerías argentinas actúan como verdaderos faros culturales cuya función social excede las dinámicas comerciales tradicionales.

“La desregulación no genera mayor competitividad; por el contrario, desprotege a los eslabones más débiles —libreros independientes, editoriales pyme y autores— poniendo en riesgo real de cierre a cientos de espacios que dan vida a nuestras ciudades”, ratificó la institución en un comunicado, al tiempo que convocó a los lectores a sumar su apoyo para preservar la producción nacional.

Apoyado en el concepto de “bibliodiversidad”, reside uno de los principales valores del ecosistema editorial argentino. Gracias a ella conviven grandes grupos con cientos de pymes editoriales que publican obras de autores nacionales, investigaciones académicas, literatura infantil y juvenil, ensayo, poesía, pensamiento crítico y numerosas expresiones culturales que difícilmente encontrarían espacio en un mercado dominado exclusivamente por criterios de rentabilidad inmediata. 

La preservación de esa diversidad depende, en buena medida, de la existencia de una red de librerías distribuida en todo el país y de reglas de comercialización que garanticen condiciones equitativas para todos los actores.

“Esa gran oferta librera, además, sostiene el trabajo de autores, escritores, diseñadores, traductores, ilustradores, correctores, el de cientos de editoriales y distribuidoras argentinas, es decir, toda la industria del libro que genera trabajo genuino y que desde 2001 a la fecha ha tenido un crecimiento reconocido a nivel regional y mundial”, dice el comunicado de la CAL. 

“Argentina ha construido, durante décadas, un sector editorial y una red de librerías reconocidos como referentes en América Latina. Este entramado constituye un activo estratégico para el desarrollo cultural, educativo y económico del país. No se trata de una norma destinada a proteger intereses sectoriales, sino de una política pública que busca preservar un ecosistema cultural estratégico para el país”. 

Y continúa la carta diciendo: “La experiencia comparada demuestra la eficacia de sistemas de precio fijo del libro. Países con una sólida tradición editorial y cultural como España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Japón o Corea del Sur, entre otros, los sostienen”. 

La Ley de Defensa de la Actividad Librera cuenta con un alto grado de consenso dentro del sector. Editores, autores, libreros, distribuidores y empresas de distintos tamaños y características coinciden en reconocerla como una herramienta beneficiosa para el desarrollo del ecosistema editorial argentino.

La derogación, dice la CAL, “pondría en riesgo ese desarrollo, favoreciendo la concentración del mercado, debilitando la producción editorial independiente, afectando el acceso al libro en numerosas localidades del país y empobreciendo la diversidad cultural hoy disponible para los lectores”.

Sobre la CAL 

Es una asociación gremial empresaria sin fines de lucro del sector editorial argentino. Fundada en 1938, en la actualidad la CAL representa a más de quinientas editoriales, librerías y distribuidoras nacionales.

La CAL administra la Agencia Argentina de ISBN (International Standard Book Number), responsable de la identificación y el registro de todos los libros que se editan en el país.