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Allanaron un geriátrico clandestino y encontraron hacinamiento de adultos mayores
Un incendio permitió descubrir las condiciones en las que vivían adultos mayores y personas con discapacidad en un establecimiento del barrio Nuevo Horizonte que funcionaba sin habilitación.
POR REDACCIÓN
Un incendio permitió descubrir las extremas condiciones en las que vivían adultos mayores y personas con discapacidad en un establecimiento del barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Santa Fe, que funcionaba como un geriátrico clandestino y sin habilitación oficial.
El operativo expuso un escenario de hacinamiento, falta de alimentos y presuntas irregularidades en el manejo del dinero, la documentación y las pertenencias de los residentes. Tras la intervención de las autoridades, seis de las siete personas alojadas fueron trasladadas para recibir asistencia estatal.
La investigación sumó además un nuevo capítulo este martes, cuando la mujer señalada como responsable del establecimiento se entregó ante la Justicia después de permanecer prófuga durante casi una semana. La sospechosa se presentó junto a su abogado en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y quedó a disposición del fiscal que lleva adelante la causa.
Durante su declaración, según trascendió, negó ser la dueña del geriátrico, aunque ahora los investigadores deberán establecer cuál era su grado de responsabilidad en el funcionamiento del lugar.
El incendio que permitió descubrir el lugar
El fuego se produjo durante la mañana del miércoles y motivó la intervención de bomberos y policías. Según trascendió, uno de los residentes habría iniciado el incendio para pedir ayuda.
Héctor, uno de los hombres alojados, reconoció haber provocado el fuego y explicó el motivo de su decisión.
“Lo hice para llamar la atención porque no nos alimentaban hacía cuatro días”, contó en declaraciones al medio Aire de Santa Fe.
El hombre aseguró que había llegado al establecimiento con la expectativa de recibir cuidados, alimentación y asistencia, pero denunció que la realidad fue completamente diferente.
“Me dijeron que acá iba a estar bien, que no me iba a faltar nada, que iba a comer bien y me iban a atender. Fue todo al revés”, relató.
Las imágenes registradas luego del incendio permitieron observar las condiciones del establecimiento. En una misma habitación había varias camas, poco mobiliario y pertenencias de los residentes amontonadas.
En el patio interno también quedó un colchón parcialmente quemado, elemento que quedó vinculado con el episodio que terminó provocando la intervención de las autoridades.
Denuncias por falta de comida y dinero
Los testimonios de quienes vivían en el lugar describieron un panorama de extrema precariedad.
Miguel Ángel contó que abonaba una cuota mensual de $300.000 y denunció que los responsables del establecimiento retiraban directamente ese dinero mediante la tarjeta con la que cobraba su jubilación.
“Me sacaron la tarjeta y el encargado retiraba el dinero”, aseguró el hombre, quien había llegado al lugar después de permanecer internado por una neumonía en el Hospital Sayago.
Otro de los residentes, Luis César Arriola, de 80 años y exchofer de colectivos, afirmó que permaneció durante dos años sin documentación y sin posibilidad de comunicarse con otras personas.
“Me tienen secuestrado”, sostuvo.
Arriola también denunció que desde que ingresó al establecimiento no recibió nuevamente atención médica ni pudo salir del lugar. Además, coincidió con otros residentes en la denuncia por la falta de alimentos.
“Hace cuatro días que no comemos. No hay azúcar, no hay yerba, no hay pan, no hay nada”, manifestó.
El hombre también denunció haber sufrido maltrato verbal y psicológico y aseguró que los responsables le retuvieron desde el primer día su documentación, dinero y otras pertenencias.
“Estoy a merced de ellos. No toco un peso argentino ni moneda de ningún lado hace un par de años”, afirmó.
Un vecino contó cómo conseguían alimentos
La investigación también incorporó el testimonio de un vecino, quien relató que su hija prestaba dinero a uno de los empleados para que pudiera comprar alimentos destinados a las personas alojadas.
“Es muy feo todo, son abuelos que no tienen recursos para sobrevivir”, lamentó.
El vecino, además, destacó la tarea de Ricardo, uno de los trabajadores del lugar. Según su relato, era quien se ocupaba de realizar las compras, cuidar a los adultos mayores e incluso bañarlos cuando era necesario.
Mientras tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un empleado que realizaba tareas de cuidado y la Justicia continúa intentando determinar qué responsabilidades tuvieron las distintas personas vinculadas al funcionamiento del establecimiento.
Cinco residentes permanecen bajo asistencia estatal
Luego del operativo, seis de las siete personas alojadas fueron trasladadas con la asistencia de trabajadores sociales de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe a la Casa Beata Clara Bosatta, ubicada sobre avenida Blas Parera al 7700.
Todos habían llegado previamente al establecimiento luego de ser derivados por asistentes sociales tras recibir atención en hospitales públicos.
En los últimos días, además, dos adultos mayores fueron retirados por sus familiares, por lo que actualmente permanecen cinco personas bajo resguardo y asistencia del Estado, mientras se define su situación.
La Municipalidad de Santa Fe confirmó que pondrá a disposición de la Justicia toda la documentación e información que sea requerida para colaborar con la investigación.
La Justicia busca determinar quiénes eran los responsables
El objetivo de la investigación es establecer cómo funcionaba el geriátrico clandestino, si existieron controles previos y quiénes eran responsables de las condiciones en las que vivían los residentes.
La mujer que se entregó ante la Justicia será sometida a una audiencia imputativa en las próximas horas, instancia en la que la Fiscalía le atribuirá formalmente los delitos que surjan de la investigación.
Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas y testimonios para reconstruir el funcionamiento del establecimiento y determinar si hubo otras personas involucradas en las presuntas irregularidades denunciadas.