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Ante reclamos de familiares, Macri da marcha atrás con la licitación de la bóveda
La resistencia ciudadana y de los propietarios de la bóveda en el Cementerio de La Recoleta, el jefe de la Ciudad tuvo que anular la licitación para la explotación comercial del mausoleo.
POR REDACCIÓN
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio marcha atrás y decidió anular la polémica licitación de una bóveda en el cementerio de La Recoleta, la cual planeaba destinarse a la instalación de un local gastronómico y un Gift Shop para turistas.
La decisión del Ejecutivo local se concretó tras una fuerte presión que incluyó un fallo judicial favorable a los familiares afectados, pedidos de informes en la Legislatura porteña y un extendido rechazo social ante un caso revelado periodísticamente.
El conflicto escaló judicialmente durante el fin de semana cuando el juez Roberto Gallardo —titular del Juzgado N°6 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario— ordenó una inspección ocular en el lugar y dispuso la clausura preventiva de la bóveda para frenar cualquier intervención.
Si bien el magistrado constató que los féretros de la familia Girado seguían en el interior, distintos integrantes denunciaron la falta de algunos cajones y que otros fueron destruidos y arrojados al piso tras sus últimas visitas a mediados de agosto.
Previamente, el Gobierno de la Ciudad había justificado la expropiación argumentando que los 30 propietarios registrados acumulaban una deuda de mantenimiento de $22.215.070 entre 2007 y 2026 sobre el espacio de 24,55 metros cuadrados ubicado en la Sección 17, Tablón 201, bajo el argumento de que el procedimiento se ajustaba al régimen habitual de notificaciones a titulares.
La situación se tornó insostenible para la administración de Jorge Macri luego de que los legítimos familiares aparecieran a reclamar el espacio y se les negara el ingreso al predio. Ante este escenario, la oposición política reaccionó en la Legislatura con la presentación de dos proyectos de pedidos de informes (impulsados por la UCR y el peronismo) y, finalmente, el Gobierno formalizó la anulación de la concesión a través de un comunicado oficial enviado a los medios.