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Apartaron a una fiscal por demoras en una causa de violencia que terminó en femicidio
La funcionaria judicial fue apartada preventivamente luego de que se detectaran demoras en la investigación de denuncias por violencia de género.
POR REDACCIÓN
Una fiscal fue suspendida preventivamente por presuntas demoras e irregularidades en la tramitación de una causa de violencia de género que terminó de la peor manera: con el femicidio de la mujer que había denunciado reiteradamente a su expareja. La medida fue adoptada por las autoridades judiciales mientras avanza una investigación para determinar posibles responsabilidades funcionales.
El caso generó una fuerte conmoción y reavivó las críticas sobre el funcionamiento de los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género. Según trascendió, la mujer había realizado denuncias y advertencias sobre la situación de riesgo que atravesaba, pero la causa no avanzó con la rapidez que exigían las circunstancias.
La investigación interna apunta a establecer si existieron demoras injustificadas, omisiones o fallas en la adopción de medidas de protección. Por ese motivo, la fiscal quedó apartada de sus funciones mientras se desarrolla el proceso disciplinario correspondiente.
De acuerdo con la información judicial, la víctima había manifestado en varias oportunidades temor por su integridad física y había solicitado intervención de la Justicia frente a las amenazas y episodios de violencia atribuidos a su expareja. Sin embargo, tiempo después el agresor concretó el ataque que terminó con su vida.
La decisión de suspender a la funcionaria busca esclarecer si el accionar judicial fue adecuado o si existieron errores que pudieron influir en el desenlace del caso. Paralelamente, continúan las actuaciones penales vinculadas al femicidio y al recorrido institucional que tuvo la denuncia antes del crimen.
Especialistas en violencia de género remarcan que la rapidez en la evaluación del riesgo y la aplicación de medidas de protección son factores determinantes para evitar situaciones extremas. Por ello, el caso volvió a poner bajo análisis la actuación de los organismos judiciales y la capacidad de respuesta del sistema frente a denuncias de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Mientras avanza la investigación administrativa, familiares de la víctima y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres reclaman que se determinen responsabilidades y que el caso sirva para revisar protocolos y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.