Arancibia cuestionó a Uñac y Andino por no presentarse ante la Justicia

El abogado Marcelo Arancibia cuestionó la ausencia del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino en la audiencia de formalización de la causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, que se realizó el miércoles 14 de octubre en los Tribunales de San Juan.

Durante su participación en el programa Te lo Tengo que Decir de HUARPE TV, Arancibia cuestionó la ausencia del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino en la audiencia de formalización de la causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, que comenzó el miércoles 14 de octubre y fue suspendida ante la falta de ambos legisladores. La Fiscalía pidió que, en una próxima convocatoria, sean notificados bajo apercibimiento de solicitar sus desafueros si vuelven a ausentarse.

El abogado, quien presentó la denuncia que dio origen a la investigación, consideró que la decisión de no asistir presencialmente representó una falta de consideración hacia la Justicia provincial. En ese sentido, remarcó que los funcionarios electos tienen las mismas obligaciones de comparecer ante los tribunales que el resto de los ciudadanos, más allá de los fueros parlamentarios que los protegen.

“Los funcionarios nacionales no tienen coronita”, afirmó durante la entrevista. Según explicó, los fueros de los legisladores nacionales no impiden que sean sometidos a un proceso judicial, aunque establecen protecciones específicas frente al arresto y requieren un procedimiento institucional para avanzar en determinadas medidas.

Arancibia también señaló que otros nueve investigados estaban dispuestos a participar de la audiencia y que, según la información que citó durante el programa, fueron las propias defensas de algunos de ellos las que reclamaron que todos recibieran el mismo trato ante la ley.

La jueza de Garantías Mónica Lucero rechazó la posibilidad de que la audiencia se desarrollara por videoconferencia, por lo que la ausencia de Uñac y Andino impidió avanzar con la formalización en los términos previstos.

El cuestionamiento al abogado defensor de Uñac

Otro de los temas abordados fue la presencia del abogado Marcelo Fernández como defensor de Uñac. El entrevistador planteó el contraste entre esa función y la participación anterior del letrado en causas en las que había cuestionado el accionar de la Justicia sanjuanina.

Arancibia evitó cuestionar el ejercicio profesional de su colega y sostuvo que cualquier abogado tiene derecho a asumir la defensa de una persona, independientemente de la causa o de las posiciones que haya sostenido anteriormente.

“Yo no cuestiono al colega porque él está en su derecho de hacerlo. A mí lo que me llama la atención es el cliente, es decir, el senador Uñac que busca ese perfil de abogado”, expresó.

El denunciante consideró que la elección de la defensa podría generar interrogantes en determinados sectores políticos y jurídicos, pero insistió en que su objeción no estaba dirigida al abogado, sino a la decisión del dirigente de contratarlo.

La independencia judicial, bajo la lupa

Para Arancibia, la causa del Acueducto Gran Tulum representa una prueba para el Poder Judicial de San Juan. Sostuvo que tanto el Ministerio Público Fiscal como los jueces de Garantías deberán demostrar que pueden investigar de manera imparcial, sin condicionamientos políticos ni electorales.

“Así como es eficaz y eficiente para perseguir a un ladrón de gallinas, también lo debe hacer cuando se trata de causas que involucren a personajes del poder”, manifestó.

El abogado anticipó que las defensas podrían plantear que la investigación tiene una motivación política y recurrir al argumento del lawfare, una teoría que sostiene la existencia de una utilización política de los mecanismos judiciales. En su análisis, ese escenario obligará a los magistrados a sostener sus decisiones sobre la base de las pruebas y el derecho aplicable.

También advirtió sobre la posibilidad de que se discuta la competencia de la Justicia provincial para intervenir en el expediente. Según su interpretación, una de las estrategias de las defensas podría consistir en impulsar un conflicto de competencia con la Justicia federal para intentar trasladar allí la causa.

“Lo que la Justicia tiene que demostrar es que es independiente y que va a aplicar el derecho en función de las pruebas que logren recolectar”, sostuvo.

En ese marco, Arancibia vinculó la discusión con la necesidad de revisar el sistema de selección de magistrados en San Juan. Reclamó un Consejo de la Magistratura que funcione con transparencia, objetividad y criterios de idoneidad, y planteó que la discusión institucional debería involucrar a todos los sectores políticos.

Qué se investiga en la causa del Acueducto Gran Tulum

En el tramo final de la entrevista, Arancibia explicó que la denuncia no apunta a todos los componentes de la obra, sino específicamente a la contratación, el financiamiento provincial y la adquisición de las cañerías destinadas al acueducto.

Según detalló, el proyecto tenía dos grandes componentes: la obra civil, cuya ejecución estaba a cargo de una unión transitoria de empresas, y la compra de los caños. Aclaró que el cuestionamiento central de su denuncia está relacionado con este último punto.

La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la licitación, en los precios pagados y en las características técnicas de los materiales adquiridos. El abogado sostuvo que existen informes técnicos que, según su interpretación, cuestionan la capacidad de las cañerías para soportar la presión prevista.

Además, mencionó la denuncia del fiscal de Estado, Sebastián Dávila, relacionada con las dudas sobre la aptitud de los caños para transportar agua potable, destinada al consumo humano.

La causa comenzó a partir de la denuncia presentada por Arancibia en diciembre de 2025 y comprende a 11 personas investigadas, entre ellas el exgobernador y actual senador Uñac, el diputado nacional Andino, exfuncionarios provinciales, exdirectivos de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y un representante de la empresa proveedora de las cañerías.

La audiencia de formalización constituye una instancia para que la Fiscalía exponga los hechos investigados y precise las conductas que atribuye a cada persona. La condición de investigados no implica culpabilidad ni supone una condena anticipada.

Para Arancibia, el desafío será que la investigación avance sin interferencias y permita establecer qué ocurrió con una obra de infraestructura hídrica que quedó inconclusa. Su planteo, sostuvo, es que la Justicia pueda esclarecer las presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades que eventualmente correspondan sobre la base de las pruebas reunidas.