Policiales > Por ahora hay cuatro detenidos
Caen punteros políticos sospechados de estafar a beneficiarios de planes sociales
Tras una investigación de más de 15 días, la Policía obtuvo resultados positivos al encontrar en allanamientos, elementos que sustancian una causa de estafas con tarjetas sociales.
Por Ariel Patruceli
Desde el 16 de noviembre pasado, que se recibió una denuncia en la Policía por la presunta estafa con tarjetas sociales, se inició una investigación que hasta el momento dejó a cuatro personas detenidas. A ellas se les secuestró en allanamientos, documentación de beneficiarios y algunas tarjetas que ya habían sido otorgadas, pero que los destinatarios no tenían en su poder.
Esta investigación que encabeza el Primer Juzgado de Instrucción, a cargo de la doctora Gema Guerrero, descubrió que personas inescrupulosas solicitaban documentación a gente de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad y gestionaban beneficios sociales que en principio no otorgaban a los reales beneficiarios, después de haberlos obtenido.
Desde el 16 de noviembre a la fecha hubo varios allanamientos. Solo en la jornada de este martes se dio cumplimiento a tres mandatos judiciales, en Pocito, Rawson y 25 de Mayo.
En estos procedimientos hubo secuestro de documentación personal de gente que no vivía en los domicilios allanados, como también entre 10 y 12 tarjetas de diferentes planes sociales que estaban en poder de las cuatro personas que ahora están detenidas. También tenían fotocopias de documentos y certificación negativa de Anses, un requisito necesario para otorgar estos beneficios porque la personas demuestra así no tener ningún tipo de ingreso.
Los cuatro implicados
Los detenidos son Sergio Castillo, de 48 años, del departamento Pocito; Natalia Castro, de 32 años, del departamento 25 de Mayo; Walter Atámpiz, de 42 años, domiciliado en Pocito; y Mariana Agüero, de 36 años, domiciliada en Rawson.
Todas estas personas están investigadas por la comisión del presunto delito de estafas. Se cree que cobraban los beneficios y a algunos les daban parte de lo que percibían; entre 2000 y 2500 pesos y el resto entre 5000 y 7000 pesos se los dejaban ellos. A otros les hacían retirar la tarjeta cuando el beneficio estaba otorgado y les decían que ellos iban a cobrar y les pagarían luego, dejándose la parte que les correspondía por haber gestionado y obtenido el plan, aseguraron fuentes de la investigación.
En otros casos nunca les dijeron a los beneficiarios que su plan había sido aprobado y se cree que la totalidad del dinero quedaba para ellos, situación que se está investigando.
La denuncia de esta maniobra delictiva habría sido radicada por uno de los beneficiarios afectados según la fuente judicial consultada.
La sección Defraudaciones y Estafas de la Central de Policía está a cargo de la investigación y la Justicia ha ordenado tomar declaración a más de 40 personas que serían las afectadas.
La causa cuenta con unas 200 fojas y la investigación continúa para determinar cómo estas personas podían acceder a beneficios sociales que son de gestión personal e intransferibles.
Se va a solicitar informes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para saber cuál era la conexión y se seguirá el rastro de las gestiones realizadas por los detenidos para saber con quien tenían contacto para lograr los beneficios.
Se especula que entre 70 y 80 personas han sido afectadas por estas maniobras y no descartan que exista la participación de algún político que tenga vinculación con alguno de los detenidos a los cuales se los podría catalogar como dirigentes sociales o punteros políticos.