Cerca del 50% de las denuncias en las aseguradoras de auto terminan en fraude

Los actos ilegales realizados por personas físicas o jurídicas sobre los contratos públicos o privados, para provecho o beneficio personal, son moneda corriente en nuestro país. En casi todos los sectores, que brindan algun bien o servicio a sus clientes, el fraude se presenta como un delito recurrente. 

Durante un gran evento digital, vía streaming, que reunió a representantes del sector asegurador, Gabriel Bussola, presidente de Libra Seguros, declaró que "los índices son alarmantes. De los siniestros de que se denuncian, hay casi un 47% de denuncias que se pagan por encima de lo que hay que pagar y que son fraudes". 

El empresario afirmó también, que durante la pandemia por Covid-19, los casos de delito por fraude sufrieron un incremento del 15%. Declaró que "de los efectos devastadores de la pandemia en la economía se ha escuchado y leído hasta el cansancio. Pero poco se habló del auge de conductas delictivas que crecieron justamente al calor de la crisis, la dificultad para controlar y la suposición errónea de que se trata apenas de una picardía".

En la industria de seguros la falsedad o exageración de las denuncias por siniestros automovilísticos no son casos aislados. En su mayoría se tratan de bandas que organizan estafas a aseguradoras en grandes escalas. Son grupos compuestos por abogados y personas que deben fingir accidentes de tránsito, transgiversando los hechos, con falsos testimonios, peritajes y evidencias. Las maniobras ilegales tienen el objetivo de inducir errores judiciales para estafar a las firmas de seguros, iniciando causas y exigiendo reparaciones económicas a las empresas.

Si bien desde el Gobierno de la Nación se continúa trabajando para dar soluciones a las situaciones fraudulentas, a través de la Mesa de Innovación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), no se ven resultados eficaces. La Superintendencia intenta centrarse en la optimización de los procesos de Onboarding Digital, generando marcos más regulados y seguros, logrando incrementar recaudos en materia de prevención de fraude.

Sin embargo, las aseguradoras consideran que estos esfuerzos no son suficientes si no existe la intervención de la justicia. En múltiples casos que llegaron a la corte judicial el fallo fue a favor del estafador, debido a la falta de pruebas que la aseguradora pudo presentar. Los tecnicismos en los contratos de las empresas de seguros suelen beneficiar al cliente, siendo inminente arbitrar los mecanismos de la justicia penal, a través de los cuales se juzgan y evalúan las denuncias por maniobras fraudulentas.

La aseguradora Libra resaltó durante la entrevista que se “mueven unos $55.000 millones por año ” en delitos contractuales, que merecen ser penados y sancionados por la ley. "El fraude, en todo sentido y en cualquier industria, es claramente un delito y así está tipificado en el Código Penal. Y en la industria aseguradora tiene un impacto de magnitud porque representa un alto porcentaje de los pagos por siniestros, lo que afecta la solvencia del sistema" declaró fuertemente Bussola.