Cerro Negro: la Justicia ordenó romper los candados y la mina quedó bajo presión

El yacimiento Cerro Negro, operado por Newmont en Santa Cruz, escaló a un conflicto institucional de alta gravedad. El Gobierno provincial informó que debió recurrir a la Justicia para que los inspectores pudieran volver a ingresar al predio, luego de que los accesos fueran cerrados con candados. La orden judicial fue ejecutada por la Policía y permitió continuar con la fiscalización.

El operativo comenzó el 9 de septiembre y duró entre 72 y 96 horas. Participaron más de veinte agentes provinciales. Como resultado, la Secretaría de Trabajo dispuso seis ceses preventivos de tareas en sectores que incluyen áreas bajo mina, plantas y laboratorios. Son suspensiones específicas hasta que se corrijan las observaciones, no una clausura total de la mina.

El secretario de Trabajo, Javier Aravena, denunció vehículos sin habilitación, deficiencias en el transporte de combustible y sustancias peligrosas, problemas en equipos para medir gases y la verificación de un eventual derrame de cianuro. Consultado sobre la posibilidad de clausurar la operación, Aravena dijo que no está descartado, aunque aclaró que no hay una decisión tomada.

La empresa no emitió una respuesta pública específica sobre las acusaciones. Sí comunicó a sus trabajadores que los ceses alcanzan servicios esenciales, informó una desmovilización progresiva de personal y equipos, y no descartó acciones judiciales por los daños que considera ocasionados.

La advertencia de los proveedores

La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (Capromisa) llamó a priorizar el diálogo y advirtió que una prolongación de las medidas puede afectar a trabajadores, proveedores y comunidades del norte santacruceño.

"Cerro Negro no es solamente una operación minera. A su alrededor existe una extensa cadena de valor integrada por pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz que generan empleo, realizan inversiones y contratan bienes y servicios en nuestras comunidades", señalaron desde la entidad.

La Cámara remarcó que un freno en una operación de esta magnitud puede repercutir sobre contratistas, proveedores, transportistas, comerciantes y trabajadores de distintas localidades. "El cumplimiento de la ley, la seguridad de los trabajadores, la defensa del empleo santacruceño y la continuidad productiva deben formar parte de un mismo objetivo. No son intereses contrapuestos", sostuvieron.

El antecedente de los controles y el empleo local

Las inspecciones sobre Cerro Negro no comenzaron con el operativo de septiembre. En mayo, el Gobierno provincial había realizado una fiscalización integral en el yacimiento y había informado la detección de distintas irregularidades, con requerimientos de medidas correctivas a la empresa.

En junio, además, el Ministerio de Trabajo reunió a representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y Newmont para analizar irregularidades detectadas durante inspecciones de seguridad e higiene y avanzar en acciones correctivas. En ese encuentro también se abordó el cumplimiento de la normativa vinculada al empleo santacruceño.

La cuestión laboral tiene además un antecedente reciente: en agosto, el gobernador Claudio Vidal encabezó una mesa de trabajo con AOMA, ASIMRA, UOCRA, Camioneros y UPSAP para abordar específicamente el empleo local y la seguridad en Cerro Negro.

Los próximos pasos

Newmont busca extender la vida de la mina más allá de 2038 con una inversión de entre USD 550 y 600 millones y una proyección de 220.000 onzas de oro para 2026. La expansión necesita continuidad, permisos y confianza regulatoria. Cerro Negro sigue operativa, pero quedó bajo una presión que puede escalar si las observaciones no se resuelven.