Minería > Delitos ambientales crecen
Condenan a cuatro personas por minería ilegal en Panamá
Recibieron cuatro años de prisión por extracción sin permiso en Herrera. Los delitos ambientales subieron hasta 122% en 2026.
POR REDACCIÓN
Cuatro personas fueron condenadas a 48 meses de prisión por realizar actividades de minería ilegal en la comunidad de Río Negro, en el corregimiento de Chepo, distrito de Las Minas, provincia de Herrera, Panamá. El caso, ocurrido esta semana se enmarca en un contexto de aumento sostenido de los delitos ambientales en ese país, según datos oficiales del Ministerio Público.
La Procuraduría General de la Nación informó que la Personería Municipal de Las Minas logró la validación de cuatro acuerdos de pena por delitos contra los recursos naturales, tras comprobar que los implicados realizaban exploración minera sin autorización. La investigación determinó además que estas actividades provocaron daños al ecosistema y afectaron un acuífero de la zona.
Las detenciones se produjeron en flagrancia el 31 de enero de 2026. Los acusados permanecían bajo medida de depósito domiciliario antes de aceptar su responsabilidad penal. Tras admitir los hechos, fueron condenados a cuatro años de prisión por infracción del artículo 399 del Código Penal, que sanciona la destrucción de recursos naturales.
La minería ilegal se configura cuando la extracción de minerales se realiza sin concesiones estatales, sin estudios de impacto ambiental aprobados o sin cumplir la normativa vigente. En general, estas actividades se desarrollan en zonas boscosas o cercanas a ríos, donde se utilizan motobombas, excavaciones artesanales y maquinaria que altera cauces, erosiona suelos y afecta la cobertura forestal.
Aunque el hecho ocurrió en la provincia de Herrera, las autoridades ambientales de Panamá advierten que la minería ilegal se ha extendido en distintas regiones del país, con presencia en Darién, Panamá Este, Colón, Veraguas, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé.
Según cifras del Ministerio Público de ese país, entre enero y mayo de 2026 se registraron 337 casos de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, frente a 189 en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento del 78,3%. En el mismo lapso, las investigaciones por delitos contra los recursos naturales pasaron de 93 a 184 casos.
El delito de destrucción de recursos naturales mostró un incremento más marcado, al pasar de 54 investigaciones en los primeros cinco meses de 2025 a 120 en 2026, un aumento superior al 122%. Se trata de la misma figura penal aplicada en el caso de Herrera.
La legislación panameña establece sanciones penales para quienes destruyan o afecten recursos naturales protegidos, con agravantes cuando el daño involucra fuentes de agua, bosques o ecosistemas sensibles.
En el caso analizado, la investigación concluyó que las actividades ilegales provocaron afectaciones directas sobre un acuífero, considerado un recurso crítico en la gestión ambiental del país.
En paralelo, Panamá mantiene la atención sobre la actividad minera a gran escala, tras la suspensión del proyecto Cobre Panamá luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2023. Esta semana, el Gobierno recibió un informe de auditoría ambiental que será clave para definir el futuro de esa concesión en Donoso, provincia de Colón.
Ambos procesos reflejan el refuerzo de los controles estatales sobre la actividad extractiva y el incremento de la presión institucional en materia ambiental.