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Condenaron a cuatro años a un penitenciario por 53 estafas
Un agente penitenciario fue condenado a cuatro años por 53 estafas y un perjuicio económico superior a $264 millones.
Por Ariel Patruceli
Un agente del Servicio Penitenciario Provincial fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo luego de que la Justicia acreditara su responsabilidad en 53 hechos de estafa que provocaron un perjuicio económico de $264.395.400. La sentencia fue dictada tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del acusado.
El condenado fue identificado como Alejandro Esequiel Jofré, quien se desempeñaba como agente penitenciario al momento en que se produjeron las maniobras investigadas. El juez Matías Parrón homologó el acuerdo y le impuso la pena como autor penalmente responsable del delito de defraudación por engaño en 53 hechos, en concurso real.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, y permitió reconstruir una maniobra que se extendió en el tiempo y que tuvo como principales víctimas a agentes del Servicio Penitenciario Provincial, aunque también alcanzó a policías, empleados municipales, comerciantes, profesionales, jubilados, familiares y otras personas vinculadas con los damnificados.
De acuerdo con la investigación fiscal, Jofré se presentó ante sus potenciales víctimas como inversor y financista. Para generar confianza, hizo referencia a distintos emprendimientos y negocios con los que supuestamente obtenía importantes ganancias. Entre las actividades que mencionó figuraron la comercialización de harina, artículos de limpieza y materiales de construcción, operaciones financieras, préstamos a empresas y presuntos negocios con la Municipalidad de Angaco.
Además, exhibió vehículos, saldos bancarios y otros elementos con los que buscó sostener una imagen de solvencia económica que le permitiera captar nuevos inversores.
Sobre esa base, ofreció rendimientos que llegaron hasta el 50% en períodos de entre 30 y 60 días. La Fiscalía estableció que, en numerosos casos, inicialmente cumplió con algunas devoluciones de capital e intereses. Ese mecanismo generó confianza entre los inversores y provocó que varias víctimas reinvirtieran el dinero o incrementaran las sumas entregadas.
La captación se produjo principalmente a partir de los vínculos laborales que Jofré mantenía dentro del Servicio Penitenciario Provincial y mediante recomendaciones realizadas por personas que previamente habían entregado dinero.
Más de $264 millones de perjuicio y 53 víctimas
La investigación permitió identificar 53 hechos independientes y determinó un perjuicio económico total de $264.395.400.
En conjunto, las víctimas entregaron más de $323 millones a través de transferencias bancarias, operaciones mediante billeteras virtuales y dinero en efectivo. Si bien una parte de esos fondos fue posteriormente restituida mediante distintas operaciones, el perjuicio económico finalmente establecido superó los $264 millones.
La investigación también determinó que algunas personas utilizaron ahorros personales, dinero proveniente de seguros o indemnizaciones y fondos destinados a proyectos familiares. Otras recurrieron a préstamos bancarios o utilizaron tarjetas de crédito para reunir el dinero que luego entregaron al condenado.
Para reconstruir la maniobra, la Fiscalía incorporó 53 denuncias, más de 180 comprobantes de transferencias bancarias y operaciones realizadas mediante billeteras virtuales, conversaciones mantenidas por WhatsApp, pagarés y documentación relacionada con las operaciones.
También fueron incorporados informes de entidades financieras y organismos públicos. Esa información permitió establecer la titularidad y el movimiento de las cuentas utilizadas, reconstruir las transferencias efectuadas por las víctimas y verificar la inexistencia de varias de las actividades comerciales y financieras que Jofré utilizó para respaldar sus propuestas de inversión.
Según se determinó durante la investigación, en numerosas oportunidades el dinero fue transferido a cuentas pertenecientes al propio condenado, a familiares, a su pareja y a terceros que habían sido indicados por él.
Cuando comenzaron los reclamos por la falta de devolución de los fondos, Jofré brindó distintas explicaciones para justificar los incumplimientos. Entre ellas mencionó supuestos bloqueos o cierres de cuentas bancarias y problemas con entidades financieras.
Cuatro años de prisión efectiva
Al establecer la pena acordada, el Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta la cantidad de víctimas, la magnitud del perjuicio económico, la extensión temporal de la maniobra, la cantidad de hechos, los medios empleados y el aprovechamiento de la confianza generada a partir de los vínculos laborales.
Como circunstancias atenuantes se consideraron la ausencia de antecedentes condenatorios, la edad del imputado, el reconocimiento de los hechos y su sometimiento al proceso.
Finalmente, tras el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, el juez Matías Parrón impuso a Alejandro Esequiel Jofré cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, además de las accesorias legales y las costas del proceso.
La resolución también contempló el mantenimiento y actualización de las medidas cautelares patrimoniales hasta cubrir el monto del perjuicio económico establecido, con el objetivo de preservar las posibilidades de reparación para las víctimas.
Asimismo, se dispuso el decomiso de los bienes que correspondieran y la restitución de aquellos efectos secuestrados que pudieran ser individualizados como pertenecientes a los damnificados.