Crisis en el teatro independiente por el ajuste al INT y desvíos de fondos

La política cultural del Gobierno nacional ingresó en una zona de extrema tensión luego de que redes de salas teatrales y organizaciones de distintas provincias difundieran un duro pronunciamiento en el que cuestionan el rumbo adoptado para la actividad.

El eje central del reclamo apunta a un grave desfinanciamiento del Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo descentralizado al que, según denuncian, se le retuvieron o dejaron de transferir más de 5.000 millones de pesos durante el último año que por ley le correspondían. Con la consigna “¡Devuelvan los fondos al INT!”, el sector advierte que la situación actual pone en riesgo la subsistencia de espacios culturales de todo el país.

El conflicto expone el incumplimiento de los mecanismos de financiamiento establecidos por la Ley Nacional del Teatro 24.800. De acuerdo con la normativa vigente, el organismo debe percibir el 10% de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en concepto de tasas y gravámenes a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

Sin embargo, las organizaciones sostienen que el Gobierno no sólo incumplió con estas transferencias obligatorias, sino que además omitió actualizar las fuentes de ingresos frente a las transformaciones tecnológicas del mercado audiovisual, desatendiendo un reclamo histórico para incorporar a plataformas y aplicaciones digitales al esquema de aportes.

Ante este escenario, los firmantes del documento expresaron su indignación interpelando directamente a la administración central: “¿Dónde está todo ese dinero? ¿Para qué se usó? ¿Quién decidió ilegalmente el destino de esos fondos?”. La consecuencia directa de este retaceo financiero es una drástica reducción en la capacidad operativa del organismo para sostener el fomento a la actividad teatral, manifestada especialmente en la eliminación de la histórica Línea de Funcionamiento de Sala.

Esta herramienta resultaba vital para acompañar el sostenimiento económico tanto de espacios de larga trayectoria como de proyectos emergentes que dependen de dichos aportes para mantener sus puertas abiertas.

El panorama económico se completa con montos de subsidios que han quedado completamente desactualizados frente a la inflación y el incremento de los costos de mantenimiento, sumado a requisitos de presentación cada vez más restrictivos y plazos de ejecución excesivamente prolongados. Para las entidades del sector, el combo de medidas derivó en una “cuasi paralización” del INT, reduciendo su rol histórico de fomento a una presencia puramente “cosmética o simbólica”.

A esta asfixia presupuestaria se le suma una profunda crisis institucional: las organizaciones cuestionan duramente que la Dirección Ejecutiva, a cargo de Federico Brunetti —designado en su momento por el entonces secretario de Cultura Leonardo Cifelli—, mantenga demoras injustificadas y evite convocar a concursos públicos para cubrir los cargos de representantes provinciales, debilitando la representación federal y el funcionamiento democrático del instituto.

Las agrupaciones teatrales también rechazaron los argumentos esgrimidos por el oficialismo para justificar el ajuste bajo la premisa de reducir estructuras estatales.

Recordaron que, si bien históricamente se debatió el porcentaje del presupuesto destinado a gastos administrativos, en la actualidad el peso de la estructura representa un porcentaje récord únicamente como consecuencia de la reducción "hasta el insulto" de los aportes reales destinados a la comunidad artística.

En este sentido, remarcaron que el vaciamiento del INT forma parte de una política general de la administración de Javier Milei hacia la cultura, combinando desfinanciamiento, falta de gestión y un marcado desinterés por el rol social del arte.

Finalmente, el sector recordó que la cultura no constituye un gasto superfluo, sino un derecho fundamental garantizado por las leyes y un pilar indispensable para la identidad nacional, la cohesión social y el desarrollo sostenible.

En un circuito como el teatro independiente, donde la autogestión y los subsidios estatales se complementan para sobrevivir fuera de los grandes centros urbanos, la pérdida de recursos amenaza con apagar definitivamente las salas y apagar el trabajo de compañías enteras.

Por este motivo, el documento concluyó con una doble advertencia y un pedido urgente a las autoridades nacionales: la exigencia de restitución inmediata de los fondos retenidos y el cese de lo que califican como un vaciamiento sistemático de la cultura argentina.