Críticas al Plan Nacional de TEA porque no tendrá presupuesto

Mediante la Resolución N° 1115/2026, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó la creación del Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista (TEA), una medida que rápidamente despertó severas críticas tanto en su dimensión material como conceptual. 

La iniciativa gubernamental fue presentada como "un marco de referencia que buscará mejorar la atención de las personas con esta condición, facilitar el acceso a tratamientos, estandarizar procesos y fortalecer la detección temprana". Para ello, la cartera sanitaria estructuró el plan en seis ejes de trabajo específicos: promoción y prevención; formación de recursos humanos; apoyo a personas con TEA y sus familias; investigación e innovación; coordinación intersectorial; y diagnóstico epidemiológico. 

El Gobierno aseguró que cada eje contará con un esquema de monitoreo y evaluación periódica a través de indicadores de desempeño para ajustar acciones basándose en evidencias. 

Sin embargo, el principal punto de conflicto material radica en que la propia resolución establece que la implementación del plan no contará con una partida presupuestaria adicional. La política deberá llevarse adelante con los recursos y programas ya existentes dentro de un área de Salud Mental que, a lo largo de estos dos años y medio, viene sufriendo drásticos recortes y el cierre de equipos territoriales. 

Además, aunque el texto oficial menciona el diseño de campañas de información y la incorporación de herramientas de pesquisa en el primer nivel de atención, el actual Gobierno ya ha cortado las campañas de información pública en los medios. 

En esta misma línea, si bien se elaborarán guías de detección y derivación, el financiamiento de la formación continua de los equipos de salud recaerá exclusivamente sobre las jurisdicciones provinciales, las cuales ya padecen el ajuste y los recortes en la coparticipación nacional.

Para poner en contexto la magnitud de esta problemática, el Doctor en Psicología Alberto Trímboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) y ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), advirtió que un plan sin recursos no es un plan. 

Trímboli destacó que, por su estructura llena de conceptos generales y carente de instrumentos técnicos, la resolución parece más un trabajo libre de congreso que una política pública concreta.

El especialista enmarcó esta iniciativa dentro de una modalidad recurrente del actual Ministerio de Salud: anunciar supuestos planes nacionales desde un escritorio, sin articulación federal, para problemáticas como ludopatía, suicidio o consumos problemáticos, delegando luego la responsabilidad a provincias sin presupuesto.

Además, Trímboli recordó que muchas de las "novedades" anunciadas ya son obligaciones del Estado contempladas en leyes vigentes que hoy son ignoradas o atacadas, como la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, la cual promueve abordajes interdisciplinarios, inclusión social y hospitales de día. 

Lejos de cumplirla, recordó que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció por redes sociales la intención de modificarla, y la propia Dirección Nacional de Salud Mental propuso en el Senado una reforma para quitar apoyo financiero a las provincias, eliminar dispositivos comunitarios y obligar a las familias a hacerse cargo en soledad de sus familiares.

En el plano conceptual, el anuncio llega en un momento de profunda controversia global sobre los límites del diagnóstico. En marzo de este año, la psicóloga británica Uta Frith, quien hace más de sesenta años acuñó el propio concepto de "espectro autista", declaró que dicha noción ha ido demasiado lejos, perdiendo su sentido original y colapsando como categoría clínica válida ante un ritmo alarmante de diagnósticos. 

Gabriela Dueñas, psicopedagoga, doctora en Psicología, licenciada en Educación y Premio Konex 2026, alertó sobre este doble movimiento contradictorio: mientras la creadora del concepto reconoce su fracaso, el Estado argentino crea un plan que profundiza la maquinaria diagnóstica, convirtiendo al "trastorno mental" en un peaje obligatorio para acceder a derechos básicos. 

Dueñas criticó que bajo la misma sigla se capturen realidades totalmente disímiles, desde factores genéticos hasta traumas por abuso intrafamiliar o exclusión escolar. 

Doctor en Psicología, Alberto Trímboli.

El contexto sociológico y tecnológico agrava este panorama. Dueñas explicó que el diagnóstico funciona como una profecía autocumplida: cuando a un niño se le repite que su cerebro es diferente, comienza a interpretar sus experiencias desde el déficit, provocando que la escuela adapte su exigencia "hacia abajo" y mutile el conflicto cognitivo necesario para el aprendizaje. 

Asimismo, denunció que la clínica hegemónica actual ignora el impacto de las nuevas tecnologías, el consumo de pantallas y la calidad vincular mediada por celulares; en su lugar, ante un niño con problemas de atención, se aplica un rótulo del manual DSM y se postula una supuesta deficiencia neurocognitiva innata sin pruebas de laboratorio. 

Esta mirada, según la especialista, contradice décadas de avances en neuroplasticidad y epigenética que demuestran cómo el entorno moldea la arquitectura neural. Finalmente, Dueñas concluyó que esta tendencia al sobrediagnóstico responde a una motivación ideológica en sintonía con las lógicas neoliberales hegemónicas: al postular un trastorno innato y privatizar el problema en el cuerpo del niño, se exime de toda responsabilidad a la familia, a la escuela, al mercado tecnológico y, fundamentalmente, al propio Estado.