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Darán hasta casi un año para registrar tenencias irregulares por portación de armas
La norma ya fue promulgada y permite registrar armas no declaradas sin sanciones penales en determinados casos. También extiende el programa de entrega voluntaria hasta 2027.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional puso en marcha una nueva ley que establece un plazo de 360 días para que quienes posean armas de fuego sin registrar puedan regularizar su situación ante la autoridad competente. La medida busca incorporar al sistema formal miles de armas que actualmente se encuentran fuera de control estatal.
La norma permite que personas con armas de uso civil, uso civil condicional y repuestos principales que no cuenten con la documentación correspondiente puedan iniciar el trámite de registración dentro de ese período extraordinario. El objetivo central es mejorar la trazabilidad, el control y la identificación de materiales considerados sensibles.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es que contempla beneficios para quienes adhieran al régimen de regularización, incluyendo exenciones de sanciones penales en determinados supuestos previstos por la normativa, siempre que no existan imputaciones previas vinculadas al arma en cuestión.
La iniciativa fue aprobada por el Congreso y posteriormente convertida en ley. Además de la regularización, extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite entregar armamento de manera anónima para su destrucción sin consecuencias legales.
Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a conocer con mayor precisión cuántas armas existen en circulación y quiénes son sus poseedores, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y seguridad pública.
Actualmente, la tenencia o portación de armas sin la debida autorización puede derivar en sanciones penales previstas en el Código Penal, con penas que varían según el tipo de arma y la situación particular de cada caso.
Con esta nueva ventana de regularización, las autoridades buscan incentivar la registración voluntaria y reducir el universo de armas fuera del sistema legal, en una política que combina control, trazabilidad y prevención.