De la "industria del juicio" a la responsabilidad patronal: aumento litigios en San Luis

Los litigios laborales en San Luis han experimentado un notable aumento del 41% en el último año, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT). La cantidad de procesos judiciales relacionados con el ámbito laboral ascendió a 1.939 en los primeros nueve meses de 2023, superando ampliamente los 1.378 registrados en el mismo período de 2022.

Este crecimiento ubica a la provincia entre las jurisdicciones con mayor cantidad de juicios laborales del país, solo por detrás de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.

El sector más impactado por la litigiosidad laboral en San Luis es la administración pública, que en 2023 registró 687 demandas, superando a la industria manufacturera (569). Otros rubros con alta incidencia de juicios incluyen el comercio y reparación de vehículos (162), la construcción (100) y el transporte y almacenamiento (87).

Las principales causas de los litigios son:

• Accidentes de trabajo: 1.094 casos.
• Enfermedades profesionales: 457 casos.
• Accidentes in itinere (traslados al trabajo): 387 casos.

Cabe destacar que la SRT solo contabiliza los juicios notificados a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), por lo que los trabajadores informales quedan fuera de estos registros.

Desde el Sindicato de Empleados Públicos de San Luis (SIEP), su secretaria gremial, Mónica Sánchez Moreno, atribuyó el aumento de litigios a la falta de cumplimiento de normas laborales, particularmente en el ámbito estatal. “Hay despidos sin explicaciones, cambios de categoría arbitrarios y finalización de contratos sin previo aviso. Esto lleva a los trabajadores a recurrir a la Justicia”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria de Villa Mercedes, Oscar Moyano, advirtió sobre el impacto económico de la judicialización del empleo: “El 26,18% del costo de las empresas se destina a juicios laborales y costos asociados, lo que dificulta la contratación formal de nuevos empleados”.

Desde la Cámara de Comercio e Industria de San Luis, Emanuel López señaló que “la caída en las ventas y el cierre de comercios ha generado despidos y, en muchos casos, el recurso a la demanda judicial como alternativa”. También destacó la necesidad de una modernización de las leyes laborales.

El ministro de Desarrollo Productivo de San Luis, Federico Trombotto, expresó preocupación por el incremento de litigios y abogó por políticas que promuevan la prevención de conflictos laborales. “Cuando el Estado está ausente, aumentan las demandas. Debemos trabajar en soluciones que protejan tanto a los trabajadores como a los empleadores”, afirmó.

La jueza laboral María Eugenia Bona coincidió en que los juzgados están colapsados y resaltó la necesidad de reformar el Código Procesal Laboral para agilizar los tiempos judiciales. “El derecho laboral sufre el impacto del contexto social, político y económico. Necesitamos cambios estructurales para mejorar la respuesta de la Justicia”, sostuvo.

El abogado laboralista Carlos Bravo señaló que la flexibilización de las leyes podría ayudar a fomentar el empleo, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar abusos por parte de los empleadores. “Si con las leyes actuales algunos empresarios explotan a sus trabajadores, con una mayor flexibilización esto podría empeorar”, advirtió.

El aumento de litigios laborales en San Luis pone en evidencia la necesidad de revisar tanto la normativa como los mecanismos de prevención y resolución de conflictos. Mientras el debate sobre una posible reforma laboral avanza a nivel nacional, en la provincia la judicialización del empleo sigue en ascenso, con impactos directos en el mercado de trabajo y la competitividad empresarial.