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Denuncian a pesqueras internacionales por contrabando en las Islas Malvinas
La denuncia apunta a empresas internacionales y sociedades mixtas por presunta evasión del control aduanero y extracción de recursos.
POR REDACCIÓN
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió una denuncia contra directivos, administradores y representantes legales de distintas compañías pesqueras internacionales que explotan recursos marinos en el Atlántico Sur.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de Reset Republicano, quienes cuestionaron que las empresas utilicen autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas.
La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. Según los denunciantes, las actividades afectarían la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Las empresas señaladas
Entre las compañías mencionadas figuran Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña. Las firmas estarían vinculadas con sociedades mixtas constituidas en Malvinas y operarían mediante distintas embarcaciones.
De acuerdo con el escrito judicial, las maniobras denunciadas podrían configurar el delito de contrabando a partir de dos conductas principales: la evasión del control aduanero y la exportación clandestina de los recursos pesqueros.
Los abogados sostienen que las capturas serían extraídas de zonas bajo jurisdicción argentina y posteriormente exportadas, transbordadas en alta mar o descargadas en Puerto Argentino y terminales de terceros países sin fiscalización nacional.
Qué pidió la Justicia
La presentación también señala que las empresas utilizarían permisos otorgados por una potencia ocupante para impedir el control de la Aduana argentina y evitar el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios.
Los denunciantes invocaron los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero, que contemplan sanciones por impedir el control aduanero, realizar exportaciones clandestinas y circunstancias agravantes vinculadas con la afectación patrimonial del Estado.
Además, solicitaron investigar un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de autoridades nacionales, ante una eventual falta de vigilancia y patrullaje.
Organismos bajo análisis
La presentación pidió informes a Prefectura Naval Argentina, INIDEP, Dirección General de Aduanas e Inspección General de Justicia. El objetivo es determinar qué embarcaciones operaron, si hubo exportaciones y pagos de aranceles y cuáles son los vínculos comerciales de las empresas denunciadas.
La causa se suma a otras denuncias relacionadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, que tramitan ante la Justicia Federal de Comodoro Py.