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El IPV revocó ocho casas adjudicadas de seis departamentos de San Juan
El Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan anuló beneficios habitacionales en ocho casas por incumplir la normativa vigente.
POR REDACCIÓN
El Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan confirmó mediante el Boletín Oficial del pasado martes la anulación de ocho adjudicaciones de casas en distintos departamentos de la provincia. Esta disposición administrativa del organismo estatal deja sin efecto de manera inmediata los derechos habitacionales vinculados a los inmuebles seleccionados en el listado oficial publicado recientemente.
La determinación alcanza de forma directa a las adjudicaciones en venta, el otorgamiento de asistencia financiera, las autorizaciones para habitar, los comodatos y las actas de tenencia precaria según cada caso. El fundamento central de esta medida reside en el presunto incumplimiento de las causales establecidas dentro de la Ley Provincial 196-A, de acuerdo con las constancias administrativas.
Los expedientes incluidos en la resolución pertenecen a viviendas ubicadas en los conjuntos habitacionales Conjunto 1 (Albardón), Ceramista II (Pocito), Barrio SUTIAGYF (Rivadavia) y Área III (Caucete). Además, la lista oficial se completa con propiedades situadas en los complejos Amecom 4 (Rawson), Virgen del Socorro (Albardón), Lozano (Albardón) y 7 de Septiembre IV (Chimbas), abarcando diversos puntos geográficos sanjuaninos.
Para llevar adelante estas bajas, el organismo emitió las resoluciones identificadas con los números 004410-IPV-2026, 004103-IPV-2026, 004545-IPV-2026 y 004683-IPV-2026. El registro administrativo publicado en el boletín oficial también detalla los expedientes correspondientes a las disposiciones 004684-IPV-2026, 3812-IPV-2026, 3986-IPV-2026 y 4634-IPV-2026.
La mencionada Ley Provincial 196-A regula estrictamente las condiciones de entrega, uso y conservación de todas las viviendas sociales otorgadas en el territorio provincial. Dentro de esta normativa vigente se estipulan tanto las obligaciones que deben cumplir los beneficiarios como las faltas graves que derivan en la pérdida definitiva del inmueble adjudicado.
Entre los motivos legales que habilitan al organismo a quitar una propiedad se destacan la presentación de datos falsos en las declaraciones juradas y las transferencias no autorizadas. Asimismo, la legislación provincial establece que la falta de pago de 3 o más cuotas consecutivas constituye una causal directa para iniciar el proceso de revocación habitacional.
Desde la entidad provincial no especificaron cuál fue la infracción exacta cometida por los titulares en cada uno de los ocho casos analizados. Sin embargo, el texto oficial aclara que las resoluciones fueron tomadas en base a las circunstancias comprobadas en las respectivas actuaciones administrativas de cada expediente.