El robo en Casa Rosada a periodistas acreditados y el silencio de Casa Militar

Un grave episodio de inseguridad sacudió la Casa Rosada durante el último fin de semana, cuando desconocidos ingresaron a la Sala de Periodistas "Decano Roberto Di Sandro" en Balcarce 50 para saquear escritorios y lockers.

A pesar de la gravedad del hecho en el edificio del Poder Ejecutivo, el Gobierno ni siquiera realizó una denuncia formal y la investigación penal debió iniciarse de oficio.

Mientras la Policía Federal inició una investigación criminal de oficio, desde el Poder Ejecutivo mantuvieron un sugestivo desentendimiento sobre lo ocurrido.

Los primeros cronistas en ingresar a la sala el lunes por la mañana se encontraron con un escenario desolador: cajones de escritorios totalmente abiertos, mochilas movidas y pertenencias personales desparramadas por el suelo. Si bien no se constató el robo de equipos tecnológicos de gran valor o computadoras violentadas, los intrusos sustrajeron herramientas de trabajo de uso diario para los periodistas acreditados.

Lo verdaderamente alarmante para los trabajadores de prensa no es el valor material de lo robado, sino el mensaje de desprotección implícito. El recinto vulnerado se encuentra en el primer piso de la Casa de Gobierno, un espacio teóricamente blindado y bajo la estricta vigilancia de la Casa Militar, el cuerpo civil y militar que comanda la seguridad interior del edificio.

Paradójicamente, las autoridades confirmaron que los pasillos de acceso a la sala no disponen de cámaras de seguridad, un vacío de registro insólito para la sede del Poder Ejecutivo Nacional.

Las reacciones de rechazo institucional no tardaron en llegar. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un duro comunicado a través de sus redes sociales oficiales exigiendo de manera urgente que se garantice la integridad y la seguridad laboral en Casa de Gobierno.

Cabe recordar que el ambiente de trabajo dentro de la Rosada se mantiene bajo máxima tensión debido a los continuos ataques discursivos presidenciales y a las sucesivas restricciones de circulación y retención de credenciales ocurridas en el último tiempo.

La respuesta del gobierno nacional ante el robo fue el silencio o la minimización. Fuentes oficiales de la Secretaría General indicaron de forma escueta que se encontraban "averiguando qué pasó" y llamaron a "no hacer elucubraciones" políticas al respecto.

El Poder Ejecutivo optó por no radicar una denuncia formal en los tribunales, forzando a que la Unidad de Criminalística de la Policía Federal Argentina tuviera que intervenir de oficio para realizar los peritajes de huellas dactilares y planimetría en la escena.