En San Juan y todo el país, clínicas suspenden servicios a PAMI por 48 horas

La atención médica para los afiliados de PAMI experimenta una severa interrupción en diferentes puntos del país. Un total de más de 100 centros médicos, sanatorios y hospitales privados, ubicados en Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza, decidieron paralizar sus actividades programadas durante 48 horas, desde el jueves 27 hasta el viernes 28 de agosto. Esta medida responde de manera directa a la falta de cobro y al retraso en la liquidación de las cápitas por parte de la obra social estatal.

La determinación se tomó por consenso unánime de los establecimientos asociados en la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social. Al respecto, las autoridades de la organización argumentaron que "los giros correspondientes a los aranceles del PAMI han sufrido demoras prolongadas y descalces respecto al avance desmedido de los costos médicos, medicamentos e insumos de hospitalización". Asimismo, aclararon que, a pesar de haberse concretado una transferencia parcial de fondos a comienzos de la semana, "el alivio resulta insostenible para amortiguar el rojo operativo acumulado".

Durante el transcurso de la protesta, el impacto en las prestaciones de salud es profundo. Los sanatorios privados confirmaron que únicamente brindarán cobertura a las urgencias médicas con riesgo de vida, clasificadas bajo la modalidad de código rojo en los servicios de guardia. En contrapartida, todas las cirugías diferidas, los estudios de diagnóstico, los tratamientos ambulatorios y las consultas especializadas que se encontraban programadas quedan suspendidas de forma completa, afectando el control clínico regular de miles de pacientes.

El trasfondo de esta situación radica en la enorme diferencia entre la actualización de los aranceles de cobertura y el incremento real de la estructura de gastos en las clínicas. Los reportes del sector médico privado indican que la inflación acumulada desde finales de 2023 hasta mediados de 2026 superó el 240%, mientras que los incrementos otorgados por el organismo de los jubilados apenas llegaron al 110%. Esto generó una brecha de más del 70% en el valor real de los servicios médicos prestados. Ante este desequilibrio, el Poder Ejecutivo Nacional previamente se vio obligado a autorizar transferencias extraordinarias utilizando Letras del Tesoro para regularizar las deudas existentes.

A la crisis económica se añade una situación laboral muy compleja. En el transcurso de agosto, la representación gremial de la Sanidad realizó medidas de fuerza que llegaron a extenderse por 11 días seguidos por el pago incompleto de aguinaldos y sueldos. La sumatoria de estos paros del personal, la falta de insumos médicos y las demoras en los pagos derivaron en que la operatividad activa de los establecimientos médicos privados disminuyera a rangos de entre el 50% y el 75% durante el último mes.

Este cese de actividades en las zonas del centro y de Cuyo de la República Argentina replica una acción similar llevada adelante recientemente por prestadores en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Los representantes del sector privado advirtieron de manera contundente que "sin un plan sistemático de recomposición arancelaria y puntualidad en los pagos, el sostenimiento operativo del sistema de salud para los jubilados ingresa en una etapa de máxima vulnerabilidad".