Encuesta en San Juan: "Dios da y quita la vida", pero avalan la pena de muerte

La encuesta de opinión sobre religiosidad que realizó el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (Iopps) en San Juan dejó un resultado llamativo: mientras el 84% de los consultados sostiene que Dios es el único que da o quita vida, el 70% está de acuerdo con aplicar la pena de muerte a quienes cometen delitos gravísimos. Sin embargo, el dato más significativo aparece al cruzar ambas respuestas: el 80% de quienes comparten aquella creencia religiosa también respalda la pena capital.

Los números forman parte de un relevamiento presencial de 600 casos realizado durante octubre de 2026. Lejos de mostrar posiciones separadas, la encuesta de Iopps revela que ambas ideas conviven entre una parte importante de los entrevistados. Es decir, considerar que solamente Dios tiene la potestad de dar o quitar vida no impide, para muchos de los consultados, aceptar una condena judicial que implique la muerte de una persona.

El contraste surge de dos preguntas concretas sobre creencias y castigos. Aunque el estudio no profundiza en las razones que explican las respuestas, los porcentajes permiten observar cómo una convicción sobre el valor de la vida puede coexistir con el respaldo a la sanción penal más extrema.

El 80% que expone el contraste entre las respuestas

La primera pregunta planteada por Iopps fue cuánto estaban de acuerdo los entrevistados con la afirmación "Dios es el único que da o quita vida". El 84% respondió afirmativamente y el 16% manifestó su desacuerdo.

La segunda consulta se concentró en la pena de muerte para quienes cometen delitos gravísimos, mencionando específicamente violaciones y asesinatos. En ese caso, el 70% se mostró a favor de aplicar esa sanción y el 30%, en contra.

Pero el informe incorpora un tercer resultado que relaciona ambas posiciones. Según Iopps, ocho de cada 10 personas que sostienen que Dios es el único que da o quita vida también están de acuerdo con la pena de muerte para delitos graves.

Ese 80% corresponde al grupo que expresó su acuerdo con la afirmación religiosa y no a la totalidad de los encuestados. El documento tampoco identifica la religión de los participantes ni sus prácticas religiosas, por lo que no permite vincular los resultados con una confesión particular.

La pena de muerte en la discusión política argentina

Aunque la pena de muerte no forma parte de la legislación penal argentina, el tema reapareció en declaraciones de dirigentes nacionales. En febrero de 2025, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch expresó que, ante determinados hechos aberrantes, tendía a considerar esa sanción. También advirtió sobre el riesgo de que el Estado la utilizara de manera arbitraria.

La posición contrasta con la que Javier Milei había expresado antes de llegar a la Presidencia. En 2023, durante la campaña electoral, rechazó la pena de muerte porque, según afirmó, iba "en contra del derecho a la vida". En 2022 ya había señalado que no estaba dentro de sus parámetros.

También hubo antecedentes legislativos. En abril de 2023, el entonces diputado Francisco Sánchez, del PRO, presentó un proyecto para instaurarla en casos de delitos sexuales contra menores de 13 años seguidos de muerte. La propuesta no se convirtió en ley. Estas posiciones individuales no implican que exista una iniciativa oficial del Gobierno para restablecerla.

La legislación argentina impide su aplicación. En 2008, el Congreso aprobó mediante las leyes 26.379 y 26.380 dos protocolos internacionales relativos a la abolición de la pena capital. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que no podrá restablecerse en los países que la hayan abolido.