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Empresarios están conformes con la nueva normativa para controlar la compra, tenencia y transporte de metales no ferroso
Una nueva norma regula la comercialización de metales no ferrosos, incluidos cobre, bronce y otros. Quieren evitar el robo de cables, tapas, placas de cementerios y otros.
El jueves pasado la Cámara de Diputados de la provincia aprobó una ley para regularizar la tenencia, comercialización y transporte de metales no ferrosos con la finalidad de conocer la trazabilidad del mercado y evitar el robo de materiales de cobre como cables o tapas. Y empresarios de sectores relacionados festejaron la normativa porque aseguran que les bridará mayor seguridad, aunque los más inofrmales podrían tener dificultades.
Debido a los altos índice de robos de cables que viene sucediendo en San Juan, diputados provinciales decidieron confeccionar una legislación con la idea de impedir el mercado ilegal de metales no ferrosos. Afectará principalmente a desarmaderos, chatarrerías y depósitos, recuperadoras, cualquiera fuere su denominación.
Empresarios se mostraron conformes con la ley aprobada por el cuerpo legislativo provincial. “Regular la compra es buena, mientras la ley sea pareja para todos, no solo para los que tenemos el comercio habilitado en perfecta condiciones”, expresó Salvador Rojas, encargado de la Recuperadora Don Mariano.
El responsable de una de las recicladoras más conocidas e importantes de San Juan aseguró que se deberían controlar aquellos lugares chicos que tienen habilitaciones y que muchas veces pagan mejor los materiales que aquellas empresas que cumplen con todos los requisitos. “Hay negocios que están en total informalidad y hasta pagan más que una entidad que tiene trabajadores en blanco, aportan, pagan impuestos, etc.”, indicó.
Rojas comentó que todavía no reciben ningún comunicado de las autoridades provinciales sobre su aplicación, pero contó que estaban informados sobre la nueva normativa que le dará un marco legal la tenencia, comercialización y transporte de metales no ferrosos como cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto, cromo, molibdeno, titanio, tantalio, niobio, tungsteno, cerio, aleaciones de aluminio-cobre, aluminio-manganeso, aluminio-silicio, aluminio-magnesio-silicio, entre otros.
No obstante, desde la empresa ya realizan autocontroles para no tener problemas legales con los productos que compran, principalmente respecto a su origen. El encargado expresó que a los clientes les piden documentación que anotan en un libro de actas rubricado por la Secretaría de Industria y Comercio.
El diputado provincial, Simón Ortiz, habló sobre los pormenores de la ley. Explicó que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Seguridad y Orden Público y las empresas deberán estar inscriptas en un registro que tendrá el organismo. “Si hay un camión en la ruta con ese tipo de material tienen que acreditar la adquisición de los mismos”, explicó el legislador. Además, establece multas de 600 o 900 jus y penas de 40 a 60 días de prisión para los infractores, decomisación de objetos, radiación de automotor y clausura de establecimientos.
Un dato destacado que es que está vedada la compra de materiales a empresas de servicios públicos. “Prohíbe la compra cualquier elemento que pertenezca presumiblemente a una empresa de servicio público”, dijo.
De esta manera, con la sanción de esta ley, el Gobierno podrá prevenir el robo de cables, tapas, placas de cementerios, medidores de agua, entre otros bienes.