Escándalo en tribunal chileno por filtración en caso de Barrick

Los tres ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental de Chile se inhabilitaron en bloque esta semana, en un hecho sin precedentes, después de que la propia página web del organismo publicara el rechazo a las medidas cautelares solicitadas contra el proyecto Prospección Minera El Alto —conocido como Pascua Lama 2.0— sin que existiera una resolución formal en el expediente. El artículo fue bajado horas después, pero al día siguiente los jueces Alamiro Alfaro Zepeda, Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas presentaron su inhabilitación invocando haber "manifestado de cualquier modo dictamen sobre la cuestión pendiente".

El proyecto, impulsado por Compañía Minera Nevada SpA, filial de Barrick Gold, contempla 62 pozos de sondaje de diamantina sobre 43 plataformas en la alta cordillera de Alto del Carmen, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, con una inversión de US$35 millones. La prospección busca, según la propia declaración de impacto ambiental, "determinar la factibilidad técnica de una explotación minera" en los mismos terrenos del clausurado proyecto Pascua Lama.

El fantasma de Pascua Lama

Pascua Lama fue el proyecto estrella de Barrick a inicios de los 2000: un yacimiento de casi 18 millones de onzas de oro y 635 millones de onzas de plata que la minera canadiense intentó explotar durante aproximadamente 25 años. La construcción fue detenida en 2013 por la autoridad ambiental chilena: la firma no había terminado su plan de manejo de aguas, había realizado descargas contaminadas al río Estrecho y había ocultado información del monitoreo de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. En 2018, la Superintendencia del Medio Ambiente determinó su clausura total y definitiva, ratificada en 2020 por el propio Primer Tribunal Ambiental.

Pese a la clausura, entre 2020 y 2021 la empresa realizó sondajes ocupando plataformas del mismo proyecto, labores que la Corte Suprema de Chile declaró "ilegales y arbitrarias" en febrero de 2022. El máximo tribunal concluyó que "las únicas faenas u obras permitidas son aquellas que conduzcan al fin pretendido: la citada clausura", y dio por acreditado que la minera había utilizado "plataformas existentes del proyecto, incluso rehabilitándolas estructuralmente de ser necesario".

Por eso, las comunidades indígenas y agrícolas de la zona sostienen que El Alto es un nuevo intento de Barrick de levantar un proyecto en la misma zona, vulnerando lo que resolvió la Corte Suprema. Con ese argumento, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera, el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos pidieron suspender los efectos de la resolución que aprobó la prospección antes del inicio de las obras, programado para septiembre.

La filtración que desató el escándalo

La tarde del miércoles 23 de septiembre, cuando las comunidades aún esperaban un pronunciamiento del tribunal, el sitio web del Primer Tribunal Ambiental publicó sorpresivamente una nota sobre el rechazo de las solicitudes de medidas cautelares vinculadas a la prospección. En el expediente, sin embargo, no existía ninguna resolución en ese sentido. Horas después, la noticia fue bajada.

"Llamamos al tribunal consultando por qué estaba esta noticia, si en ninguna parte constaba esa resolución, no aparecía en el expediente, no nos habían notificado. Entonces, por qué estaban publicando algo que todavía no era oficial ni constaba en ninguna parte. Nos dijeron que era muy raro, que era preocupante, y después bajaron la noticia", relató Bruno Barrientos, abogado de la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera, a BioBioChile.

Al día siguiente, en menos de dos minutos, entre las 18:53 y las 18:55 horas, el relator de la causa R-174-2026 certificó la inhabilidad de los tres ministros titulares.

El conflicto de interés que complica todo

La controversia se profundiza por el posible conflicto de interés del relator Álvaro Funes Palacios, quien certificó las inhabilidades. Según su perfil de LinkedIn, antes de llegar al tribunal fue durante cinco años jefe de Asuntos Legales de Barrick Gold Corporation en la Compañía Minera Zaldívar, en Antofagasta, firma de la cual Barrick posee el 50% de la propiedad.

Para los reclamantes, la asignación de Funes a una causa en que está involucrada una filial de Barrick —habiendo otros relatores disponibles— corona una serie de irregularidades. "Se agrava cuando nos enteramos, por investigación propia, que el relator que tiene encargada la causa es un abogado que antes de trabajar en el Tribunal Ambiental trabajó en Barrick cinco años. Eso solamente aumenta la sospecha que tenemos a esta altura, y los miedos de que toda la demora haya sido deliberada", afirmó Barrientos.

La abogada Karinna Fernández, que representó a vecinos de Alto del Carmen, señaló que la filtración "no sólo erosiona gravemente la confianza pública en la administración de justicia, sino que vulnera los estándares mínimos de imparcialidad y el debido proceso". A su juicio, la Corte Suprema tiene "el deber inexcusable de fiscalizar estas anomalías".

El riesgo institucional

El secretario abogado del Primer Tribunal Ambiental certificó el envío de las causas al Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en Santiago, en aplicación del artículo 10 de la Ley N° 20.600, que regula los casos en que un tribunal no puede reunir a sus integrantes.

En esa sede podría repetirse la situación, ya que su jueza presidenta, Marcela Godoy, está casada con Gonzalo Montoya Cisterna, gerente legal de Compañía Minera Zaldívar, la misma firma en que trabajó Funes.

El Primer Tribunal Ambiental respondió por mail a BioBioChile que el Colegiado de Ministros había acordado por mayoría que no correspondía "emitir pronunciamientos adicionales a aquellos que constan formalmente en los respectivos expedientes", y que la judicatura ha "reforzado sus protocolos y procedimientos internos asociados a la comunicación de decisiones jurisdiccionales".