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Escraches en San Juan: cuál es el alcance de la orden judicial para detener a los implicados
Los funcionarios marcaron la diferencia con el derecho a manifestar ideas.
Por Facundo Merenda
Durante los últimos días, San Juan atravesó por algunas situaciones que abrieron el debate social e hizo que la discusión se traslade a los estrados judiciales. Se trata de los escraches que, según la Real Academia Española lo define como una “manifestación popular contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la administración, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir”.
El hecho particular ocurrió el martes pasado cuando una joven sufrió este hecho frente a la puerta de su casa. Lo que supuestamente alegaban los manifestantes que estaban en ese sector es que esta sanjuanina organizaba marchas en contra del Gobierno nacional: justo ese día arribó a San Juan el presidente Alberto Fernández en su primera vista a la provincia desde que asumió en el cargo.
Con el pasar de los días y estando el tema en agenda fue el Ministerio Público Fiscal quien por medio de un comunicado instruyó a los efectivos policiales a detener a toda aquella persona que realice este tipo de actos en el futuro. El escrito marcó el criterio judicial para actuar ante una eventual situación de esa envergadura.
En el texto la dependencia judicial consideró que era un hecho “opinable”, pero entienden que la sociedad no está de acuerdo, sino que lo “repudia expresamente”. Al mismo tiempo indicaron que estos actos constituyen una “malformación de los derechos cívicos”.
Por este criterio, la Justicia ordenó a los policías detener a los escrachantes cuando se aposten en domicilios particulares o establecimientos privados. Los efectivos deberán comunicarse con los fiscales de turno, aunque fuentes judiciales confirmaron que no serán juzgados por el Sistema de Flagrancia.
“La decisión desde el Ministerio Público es instruir a la Policía para que detengan a los que realizan un escrache. Antiguamente este tema quedaba bajo la órbita de la Justicia de Faltas”, dijo a DIARIO HUARPE Iván Grassi, fiscal de Flagrancia.
Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad sostuvieron que la medida les parece “perfecta”. Carlos Munisaga explicó a este medio que siempre privilegiaron la actitud democrática evitando excesos y la comisión de delitos, pero “se pasaron de la raya con la invasión personal y son hechos repudiables”.
El funcionario contó que el protocolo implicaba no intervenir con la fuerza hasta que no se produjera un delito grave como lesiones, daños o privación de la libertad.
“Si no había comisión de esos delitos se intervenía para disuadir a los manifestantes. Todo esto para evitar que haya escalada en el ejercicio de la libertad de expresión en el marco democrático”, precisó Munisaga.
Posturas: diferencia con las marchas
• IVÁN GRASSI – Fiscal
“La gente se puede manifestar, pero lo que no puede hacer es violentarse contra una persona, domicilio o establecimiento privado. Una manifestación es una expresión de voluntad general. En cambio el escrache está dirigido a un reclamo contra un particular”.
• CARLOS MUNISAGA – Secretario de Seguridad
“Marcha es juntarse en un espacio público y expresar una demanda social. Escrache es generar daño u hostigamiento. El orden público debe resguardarse”.
• ABEL HERNÁNDEZ – Subsecretario de Seguridad
“Las movilizaciones están autorizadas en relación con los ideales que sigan, pero la justicia puso énfasis en los escraches. Es decir, que una persona agrupe a otros para hacer conocer su descontento con una determinada situación y lo haga en el domicilio de un funcionario o un particular”.
Proyecto en Capital
El intendente Emilio Baistrocchi se mostró en la misma línea. Comentó que a todo aquel que realice un escrache violento contra alguna persona quedará detenido porque intervendrán de oficio.