Escritores y libreros de San Juan rechazan la derogación de la Ley del Precio Único del Libro

Escritores, editores, libreros y trabajadores de la cultura de San Juan manifestaron su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, conocida como la ley del precio uniforme o precio único del libro. La iniciativa oficial busca eliminar el régimen que establece que cada editorial fija un precio de venta al público que debe respetarse en todos los puntos de comercialización del país. La propuesta forma parte de un proyecto de desregulación más amplio presentado por el Poder Ejecutivo y generó un amplio rechazo de cámaras empresarias, editoriales y entidades vinculadas al libro en todo el país.

En ese contexto, referentes del sector en San Juan convocaron a una conferencia de prensa en la Biblioteca Camilo Rojo para expresar su preocupación por el impacto que, aseguran, tendría la medida sobre la producción editorial independiente y la red de librerías.

"Nos hemos reunido un grupo de escritores, editores, libreros y trabajadores de la cultura ante el anuncio que ha hecho el Gobierno con la intención de derogar la ley que le otorga a las editoriales la potestad de establecer el precio de venta al público del libro", explicó el editor Damián López.

Una ley que busca equilibrar el mercado

La Ley 25.542, vigente desde 2001, establece que el precio de un libro debe ser fijado por la editorial y mantenerse igual en cualquier punto de venta, ya sea una gran cadena, una librería independiente o la propia editorial en ferias y eventos. El objetivo es evitar que grandes operadores comerciales utilicen descuentos agresivos para desplazar a pequeños comercios y editoriales.

López sostuvo que este mecanismo permite que todas las librerías compitan en igualdad de condiciones. "La ley garantiza que ese precio está estipulado por la empresa que genera el objeto libro y no por las grandes cadenas de librerías ni por los grandes conglomerados editoriales, que tienen otras posibilidades económicas para bajar sus precios", afirmó.

El impacto que prevén en el sector

Desde el ámbito editorial consideran que una eventual derogación favorecería la concentración del mercado en manos de grandes cadenas comerciales y plataformas de venta, con consecuencias directas para los pequeños actores.

Según López, las primeras afectadas serían las librerías independientes y las editoriales autogestionadas, que cuentan con menor capacidad financiera para competir mediante descuentos o promociones permanentes. "Como consecuencia primaria habría cierre de pequeñas librerías y de editoriales que no tienen capacidad de achicar sus márgenes para competir", advirtió.

A mediano plazo, añadió, el impacto también sería cultural, ya que disminuiría la denominada bibliodiversidad, concepto utilizado para describir la variedad de autores, temáticas y propuestas editoriales que ofrecen las pequeñas editoriales. "Cuando el mercado es el que regula la producción y la circulación, esa producción tiende a homogeneizarse", señaló.

El sector defiende la continuidad de la norma

Los referentes culturales sostienen que la ley no implica erogaciones para el Estado y que ha permitido consolidar una extensa red de librerías en Argentina, uno de los países con mayor cantidad de estos comercios por habitante. Diversas instituciones nacionales, entre ellas la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones y la Federación Argentina de Librerías, también expresaron públicamente su rechazo al proyecto oficial por considerar que pondría en riesgo la diversidad editorial y el acceso equitativo a los libros.

"Es una ley que funciona y no representa ningún gasto para el Estado. Entendemos que la derogación beneficia directamente a las grandes cadenas", sostuvo López.