Funcionarios y proveedores en la mira por intoxicación escolar en San Luis

La intoxicación de más de 70 estudiantes por consumir viandas escolares en mal estado puso bajo la lupa el funcionamiento del Programa de Asistencia Nutricional Escolar (PANE) en la provincia de San Luis. La Justicia capitalina, a cargo de la fiscal Alejandra Quiroga Nassivera, avanza en una investigación que involucra a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, proveedores vinculados al Gobierno y contratos millonarios sin suficiente control público.

El caso comenzó a investigarse luego de que, entre el 7 y el 14 de marzo, decenas de alumnos de distintas escuelas públicas —entre ellas la Técnica "Agustín Mercau" de Villa Mercedes, y las escuelas "Pancha Hernández" y "La Rioja"— resultaran afectados tras consumir alimentos en mal estado. Si bien el PANE depende formalmente del Ministerio de Educación, la provisión de viandas está gestionada por el Ministerio de Desarrollo Productivo**, encabezado por Federico Trombotto.

La complejidad del caso llevó al gobernador Claudio Poggi a crear una nueva Secretaría, bajo la conducción de Eugenia Gallardo, para tratar de ordenar el sistema. No obstante, la red de vínculos personales y comerciales entre funcionarios y proveedores del programa alimenta nuevas sospechas.

Entre los nombres señalados en la causa aparecen César Oliva, director de Valor Agregado y Vinculación Compre Local, y dueño de Cer-Pan, una de las firmas proveedoras. También está en foco Pablo Cangiano, titular de Buenas Prácticas Corralón Rural y actual responsable de la Sapem Sol Puntano, empresa estatal que recibió transferencias por cerca de 20 mil millones de pesos para la provisión de alimentos.  

Además, fue notificado por la Justicia un empresario identificado como Cobarrubia, quien sería el elaborador de las viandas distribuidas en las escuelas afectadas por la intoxicación.

Uno de los interrogantes centrales gira en torno a la transparencia en el uso de los fondos: el programa PANE cuenta con un presupuesto total estimado en 30 mil millones de pesos, y aún no se han determinado las condiciones contractuales bajo las cuales fueron seleccionados los proveedores, ni si estos cumplían con los requisitos legales y sanitarios obligatorios.

La firma Mundo Gourmet, relacionada con la familia de César Oliva, también está siendo investigada. Los fiscales intentan determinar si existió algún vínculo comercial con el ministro Trombotto y si ello influyó en la adjudicación de contratos. Asimismo, se analiza la relación entre César Oliva y Cristian Oliva, jefe de la custodia del gobernador Poggi, como posible indicio de una red de favores y vínculos políticos en torno al programa alimentario.

Hasta el momento, no se ha tomado declaración a Celeste Aparicio, exresponsable del PANE y actual directora de Comunidad Educativa. El silencio oficial en torno al caso alimenta el malestar entre las familias afectadas y la comunidad educativa, que reclama respuestas sobre la calidad y control de los alimentos distribuidos.

En ese marco, se presentó esta semana un pedido formal para suspender preventivamente la entrega de viandas en todas las escuelas de la provincia, hasta que se garantice la seguridad alimentaria de los alumnos.

La causa judicial sigue en etapa preliminar, pero se espera que las próximas audiencias y medidas de prueba aporten más detalles sobre el manejo del programa, las licitaciones, y la posible connivencia entre funcionarios y empresarios. La situación ha derivado en una crisis política y sanitaria que pone en jaque uno de los programas sociales más sensibles del sistema educativo provincial.