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Icardi reveló cómo Wanda Nara obligó a su hija a denunciar violencia
La defensa de Mauro Icardi cuestiona la veracidad de la denuncia penal por violencia y busca declarar.
POR REDACCIÓN
El abogado penalista Francisco Oneto y el futbolista Mauro Icardi se presentaron ante la justicia para rechazar la acusación por violencia que involucra a la menor. La representación técnica acudió a la Fiscalía de Género de Pacheco para solicitar la declaración espontánea del deportista en el marco del artículo 162 del Código Procesal Penal.
El letrado Francisco Oneto aseguró que el testimonio expuesto en la causa no refleja un hecho de violencia física punible, sosteniendo que la versión da cuenta de "un cierto influjo de terceros en su relato". Además, la defensa analizó las incoherencias del acta al señalar que "si vos estás acostado no te podés tropezar; se levanta apurada, se tropieza y se golpea la rodilla contra la cama. No hay lesión en términos penales. Se golpeó sola la menor".
La representación legal de Mauro Icardi descartó agresiones hacia su hija y diferenció el encuadre penal entre "agarrar" y "tirar" del pelo. Durante su explicación, la defensa aclaró que la molestia o el dolor momentáneo no constituyen el delito de lesiones leves, remarcando que "no hubo golpes. No dice que le tiró del pelo, dice que le agarró del pelo. Agarrar y tirar son cosas distintas".
Respecto a los informes médicos del caso, la única médica municipal de Tigre que examinó a la niña determinó que no presentaba lesiones visibles. Por esta razón, el abogado Francisco Oneto cuestionó las apreciaciones de una asistente social sin facultades médicas y solicitó formalmente la realización de una pericia en Cámara Gesell con peritos de parte para descartar manipulaciones en la versión.
Por último, la defensa de Mauro Icardi calificó como "sobreactuado" y "efectista" el allanamiento de más de $10$ efectivos policiales para secuestrar el teléfono celular y la computadora del jugador. El letrado criticó que no se utilizara una intimación previa y exigió el resguardo judicial de los dispositivos para evitar filtraciones del expediente digital en redes y televisión.