Imputaron a dos médicos por usar equipos públicos en una clínica privada

Dos médicos del Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta fueron formalmente acusados por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal provincial por el presunto desvío de equipamiento médico perteneciente al Estado para ser utilizado en una clínica privada de la que ambos eran socios.

Los imputados son Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa, quienes fueron acusados como coautores del delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal. La acusación fue presentada por la fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, ante la Oficina Judicial.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, ambos médicos aprovecharon sus funciones en el servicio de Neonatología del hospital público y el acceso al equipamiento estatal para retirar bienes que estaban bajo custodia del establecimiento sanitario y trasladarlos al circuito operativo de una empresa privada de neonatología, donde obtenían un beneficio económico al ser socios de la firma.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el director general del Hospital Público Materno Infantil, luego de que una inspección realizada por el Ministerio de Salud Pública detectara indicios de que equipamiento perteneciente al hospital podía estar siendo utilizado en una clínica privada.

Durante la pesquisa, la UDEC llevó adelante un amplio conjunto de medidas, entre ellas el análisis de documentación, toma de declaraciones testimoniales, inspecciones, registros e informes técnicos y periciales.

Como resultado de esas diligencias, los investigadores localizaron seis equipos médicos en el servicio de terapia neonatal Neofénix, que funciona en el segundo piso de una clínica privada ubicada sobre calle Alvarado 858, en la ciudad de Salta. Según la Fiscalía, los números de serie coincidían exactamente con los registrados por el hospital denunciante.

Los equipos fueron secuestrados por orden judicial y posteriormente restituidos al Hospital Público Materno Infantil.

En la acusación, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que la maniobra investigada no solo habría ocasionado un perjuicio al patrimonio del Estado, sino que también afectó el correcto funcionamiento del sistema público de salud, al involucrar equipamiento destinado a la atención de recién nacidos en un hospital público. Además, afirmó que la conducta investigada implicó una presunta vulneración de los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben cumplir los funcionarios y agentes públicos.

En la misma presentación judicial, la Unidad de Delitos Económicos Complejos solicitó el sobreseimiento de otras dos personas que habían sido imputadas durante la investigación, al considerar que no se reunieron elementos que permitieran vincularlas con los hechos investigados.